Por la ambigüedad de su redacción, que podría provocar y promover la intervención de las Fuerzas Armadas en “cualquier actividad, en tanto la misma sea calificada de riesgo a la Seguridad Interior”, y porque esta “contraviene principios reconocidos Constitucionalmente”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se pronunció contra entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior y anunció que promoverá acciones para prevenir que se vulneren derechos humanos.

De acuerdo con la CNDH, la Ley, promulgada por el presidente Enrique Peña el pasado 21 de diciembre, “posibilita que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, que se afecte el equilibrio constitucionalmente establecido entre las entidades, instituciones, órganos del Estado y poderes, así como el que se apliquen condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana”.

En opinión de la Comisión, la ambigüedad y generalidad de su redacción hace que en términos de su artículo 2, la Ley pueda aplicarse y promover la participación de Fuerzas Armadas en actividades clasificadas como de amenaza o riesgo a la seguridad nacional, “sin que existan parámetros para determinar objetivamente cuándo se afecta el desarrollo del país, el orden constitucional, el Estado de Derecho o la gobernabilidad democrática”.

Además, expresó, esta norma contraviene principios reconocidos Constitucional y legalmente en materia de transparencia, acceso a la información y protección de las víctimas, pues en su artículo 9 promueve la reserva de información vinculada a su aplicación, y en el artículo 21 impone a organismos como la CNDH proporcionar información sobre los casos de posibles violaciones a derechos humanos que indagan.

“Sin parámetros objetivos que la acoten y, por ende, con interpretaciones altamente discrecionales, puede darse el supuesto de que, aun cuando este Organismo investigue violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas u otras autoridades federales, se vea obligada a entregar los expedientes respectivos a las propias instancias que investiga, violentándose los derechos de las víctimas y propiciando que en estos actos no exista verdad, justicia y reparación”, acusó la Comisión.

En opinión de la Comisión, la Ley de Seguridad Interior no implica un beneficio inmediato para las personas, ni favorece a los elementos de las Fuerzas Armadas o policías, “por el contrario, abre una ventana para que, al amparo de la ambigüedad, la opacidad y la falta de una debida y oportuna rendición de cuentas, se legitime una mayor intervención estatal en la esfera de garantías y libertades de las personas”.

De acuerdo con la CNDH, aunque el presidente Peña señaló que no emitirá una declaratoria de Protección de Seguridad Interior, en tanto no se resuelvan las controversias y acciones de inconstitucionalidad de la Ley por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), su aplicación no depende exclusivamente o está determinada por la emisión de declaratorias.

Por ello, anunció que continuarán promoviendo acciones conducentes para prevenir que se violente el orden constitucional vigente y se vulneren los derechos humanos de los mexicanos, y expresó su confianza en que la SCJN decida sobre la Ley atendiendo a su obligación como “garante máximo de la constitucionalidad en México”.

Ley “es inconstitucional”: #SeguridadSinGuerra

El rechazo a la Ley de Seguridad Interior de la CNDH se suma al de organizaciones sociales, colectivos y académicos que han expresado que, a su criterio, el contenido de la ley “es inconsitucional”.

En un comunicado, el Colectivo #SeguridadSinGuerra, conformado por más de 250 organizaciones de la Sociedad Civil y más de 100 personas, acusó que con la promulgación de la ley el presidente Peña Nieto cerró “un lamentable ciclo de imposición, opacidad, simulación y alejamiento con la sociedad civil”, desdeñando el diálogo que él mismo solicitó.

“Si el Presidente tiene dudas acerca de constitucionalidad de la ley, lo responsable habría sido hacer las observaciones pertinentes al Poder Legislativo, como lo marca la Constitución, y no promulgar una ley peligrosa y que considera de dudosa  constitucionalidad”, señaló el colectivo #SeguridadSinGuerra.

“Hoy es un día muy triste para la nación, pero sus ciudadanos estaremos a la altura del reto que implica construir un Estado de derecho a pesar de un gobierno que desprecia a la Constitución y socava a sus instituciones”, agregaron.

Por su parte, Enrique Peña señaló que, hasta que el máximo tribunal no decida sobre su constitucionalidad, no emitirá ninguna declaratoria de seguridad interior.

“Soy consciente de que este ordenamiento, que habré de promulgar esta tarde, es especialmente sensible, para la vida pública del país. Por eso no emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley, hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”.

Peña Nieto mencionó que, aunque no emitirá alguna declaratoria de protección prevista en la ley, “ello no significa que dejará de haber intervención de la Federación en materia de seguridad pública, en auxilio de los estados que hoy lo necesitan”.