Nivel de impunidad superó el 90% en 15 estados durante primer año del sistema penal acusatorio
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Nivel de impunidad superó el 90% en 15 estados durante primer año del sistema penal acusatorio
Por Claudia Altamirano para Animal Político
En junio pasado se cumplieron dos años de la puesta en marcha del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que buscaba reestructurar todo el aparato judicial para darle efectividad en un país que no confía en sus autoridades. Aunque en 2016 las instituciones dijeron estar listas para su operación, la organización México Evalúa reportó que durante ese primer año de implementación, en todo el país los delitos se cometieron con 87 % de impunidad y en 15 estados ésta superó el 90 %.
Los estados que superaron el 90 % de impunidad en 2016 (la última cifra oficial en materia de impunidad) fueron: Ciudad de México, Durango, Zacatecas, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco, Baja California Sur, Nuevo León, Yucatán, Tlaxcala y Jalisco: los dos últimos superaron el 99 % de delitos cometidos sin castigo. Incluso en la entidad mejor evaluada (Guanajuato), el nivel de impunidad superó la mitad de los delitos cometidos, llegando casi a 60%.
La organización presenta este jueves el informe ‘Hallazgos 2017’, una nueva edición de la evaluación que realiza a la implementación y consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en vigor desde junio de 2016.
En esta ocasión agregó un ranking de las entidades por el índice de impunidad que reportaron durante ese año, donde el promedio nacional fue de 87.3 %, sin considerar ocho entidades que no entregaron la información que México Evalúa les solicitó vía transparencia: Aguascalientes, Campeche, Colima, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
Los números apenas son una pincelada de la realidad delictiva en el país, admiten los investigadores, pues además de no poder contar con toda la información de cada estado, también debe considerarse que los datos se basan sólo en los delitos denunciados, cuando la cifra negra (delitos que no se denuncian) en México llega hasta 94 %.
“Existe una tendencia generalizada a no resolver y/o solucionar los delitos que se conocen, a pesar de que sólo una pequeña parte de los delitos ocurridos llegan al conocimiento de las autoridades”, sentencia el reporte.
Una buena parte de estos altos porcentajes de impunidad son atribuibles a los recursos legales de que echan mano las instituciones para dar por resueltos los casos sin que hayan sido completamente investigados ni haya justicia real, según explicó la coordinadora del Informe, María Novoa. El más utilizado y grave de ellos: el archivo temporal.
Impunidad institucionalizada
El Sistema Acusatorio contempla un recurso para las instancias judiciales similar a la antigua “reserva” del Sistema Tradicional: el archivo temporal. Esta herramienta permite a los investigadores poner una “pausa” a la investigación para recopilar más información sobre el caso, obtener mejores elementos probatorios o hacer un expediente histórico delictivo de personas o grupos, explicó María Novoa a Animal Político.
Sin embargo, este “comodín” –como ella lo llama- ha sido usado por las instituciones más como un atajo para quitar esos casos de los asuntos pendientes por resolver. A nivel nacional, este recurso es utilizado hasta en 30 % de las carpetas de investigación, lo cual a decir de los evaluadores, es un abuso que les ha permitido mejorar sus cifras de resolución de casos en las evaluaciones; además de que puede llevar a los expedientes al olvido al no tener un plazo límite de esa temporalidad.
“Están más preocupados por cumplir con los números que por resolver los casos, es la institucionalización de la impunidad. Lo que evidencia son procuradurías debilitadas, y esto demerita al Sistema Acusatorio aunque el problema no es la herramienta sino su aplicación”, puntualizó la coordinadora del Informe.
Aunque el Sistema Acusatorio tiene como prioridad la resolución de los conflictos por vías alternas que eviten el encarcelamiento, esta opción ha sido mínimamente contemplada en todo el país, según el Informe.
Además del archivo temporal, las procuradurías de justicia han preferido dar cauce a las investigaciones por otras vías: la no competencia de la autoridad; el no ejercicio de la acción penal; la investigación complementaria o los criterios de oportunidad.
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