México.- Se desconoce y se critica, pero el nuevo sistema de justicia penal acusatorio es un avance histórico para México que año y medio después de su implementación definitiva debe superar su mayor escollo: la corrupción.

"El sistema acusatorio te permite tener un Estado de derecho, legalidad y transparencia. El enemigo y el culpable no es el nuevo sistema, es la corrupción y la falta de asunción de compromisos", dice en entrevista con Efe Diana Cristal González, presidenta y socia fundadora del Centro de Especialistas en Transparencia y Derecho Penal (CETDEP).

En junio del 2016 se acabó de instaurar esta normativa -acompañada de una inversión solo a nivel federal de unos 20.000 millones de pesos (unos 1.070 millones de dólares)- que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, celebró como un logro decisivo para cambiar la cara de la justicia en el país.

El nuevo sistema se basa en juicios orales, garantiza la presunción de inocencia y frena el abuso de la prisión preventiva, en contraposición a un anterior modelo, el inquisitivo, mucho más punitivo y menos garante de derechos.

Para el ciudadano, las ventajas son muchas. González destaca una mayor transparencia en los casos, la descongestión del procedimiento penal y la aplicación de nuevos recursos como la junta restaurativa, el procedimiento abreviado o la acción penal por particular.

"El sistema te da la oportunidad de tener mejor defensa, representación y juez. Te da este empoderamiento", asegura esta abogada penalista que participó en la redacción del Código Nacional de Procedimientos Penales.

No obstante, la medida ha sido criticada por las autoridades alegando que ha generado el repunte de la violencia, y goza de bastante impopularidad entre la ciudadanía.

El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, llegó a tachar la reforma de "hipergarantista", y atribuyó el pasado noviembre la salida de 11.000 presos de las cárceles capitalinas a esta reforma.

"Qué bueno que haya investigaciones que no han prosperado, porque en el sistema anterior había 90 % de causas no buenas, ni científicas, y estaba la persona privada de su libertad, esperando un proceso" hasta tres años, rebate la experta.

Con el nuevo sistema se deben presentar pruebas consistentes para vincular a proceso, y además el acusado y la defensa deben conocer desde un inicio la causa.

Y esto ha evidenciado casos tan escandalosos como el del joven actor Axel Arenas en la Ciudad de México. Fue acusado por la fiscalía capitalina de asesinar a una modelo argentina en un hotel, presentando pruebas y testimonios. Todas erróneas, porque él se encontraba fuera del país.

"Este actor hubiera estado más de un año en prisión preventiva sin el sistema pena acusatorio. Lo salvó y ha salvado a mucha gente de estar en la cárcel, estigmatizada", apuntó.

Entonces, ¿en qué falla la implementación? La abogada considera que, efectivamente, habría que revisar delitos para ver si se acreditan algunos como graves.

También hay otros pendientes como la ley penal única, que homologa las sanciones y la punibilidad de una serie de delitos.

Pero el mayor problema proviene del 'statu quo' existente, un inmovilismo voluntario e involuntario.

"El veneno del país no es que existan leyes nuevas o diferentes, sino que a través de la manzana de la corrupción no se permite aplicar una ley. (...) Estamos aplicando el sistema anterior con el nombre del nuevo", lamentó.

El mayor escollo es la capacitación. Falta capacitación operativa y asumir compromiso a nivel federal y local para que "sigan con este sistema", concluyó la especialista.

Falta formación policial, en letrados y en la propia ciudadanía, incapaz de reclamar sus derechos en el nuevo sistema por desconocimiento, resaltó la titular del CETDEP, que se inauguró este viernes y busca dar liderazgo ciudadano en materia de transparencia, lucha contra la corrupción y el nuevo sistema de justicia penal.

El retraso es tal que ni en las facultades de Derecho se han adaptado al nuevo sistema, que hoy se imparte como una asignatura, sin vertebrar el programa académico.