CDMX.- El sector privado advirtió que en el periodo de transición gubernamental no se pueden tomar decisiones por consigna sino por análisis rigurosos.

En su comentario semanal, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advirtió que el País no se puede reinventar cada seis años y defendió las reformas aprobadas durante la Administración de Enrique Peña Nieto.

“México no se puede reinventar cada seis años. Ya hay mucho trabajo realizado, no sólo por los gobiernos anteriores, sino también por la sociedad civil y la ciudadanía en general. 

“Confiamos en que los cambios estarán apoyados en el conocimiento que se ha generado en las distintas unidades administrativas del sector público, y que las transformaciones responderán a un diagnóstico serio, profundo y promoverán soluciones responsables”, subrayó.

El líder empresarial consideró que se requiere un balance entre continuidad y cambio. 

“No se deben tomar decisiones por consigna, sino por un análisis riguroso. 
“Este es un periodo en que la nueva Administración puede reflexionar sobre la viabilidad técnica de las propuestas realizadas en campaña; para revalorar los programas que hoy existen a partir del resultado de su evaluación técnica, a fin de decidir cuáles van a eliminarse porque no están dando los resultados adecuados y, aquéllos que -aunque sean perfectibles- deben de continuar porque tienen un impacto deseado”, manifestó Castañón.

Subrayó que los empresarios tienen todo el interés de que las reformas estructurales aprobadas en los últimos años se analicen con un enfoque de política pública, rentabilidad social, crecimiento económico, oportunidades para las personas y no solo en un lente ideológico”, dijo.

Añadió que la apertura del sector energético se ha convertido en el mayor imán de inversión en el País.

Enfatizó que todas las reformas deben de analizarse a detalle antes de decidir si deben eliminarse o no, o si son perfectibles, o mejorables para fortalecerlas.

OPINIÓN
>  Castañon dijo que los empresarios tienen el interés de que las reformas estructurales aprobadas se analicen con un enfoque de política pública, rentabilidad social, rentabilidad social y crecimiento económico.