La consultora McKinsey & Company, una de las mayores del mundo, acordó pagar 573 millones de dólares a 47 estados para resolver las investigaciones iniciadas en esos territorios contra la compañía por su papel al ayudar a difundir y acelerar la venta de opioides.

Según el diario The New York Times, que cita como fuente a personas familiarizadas con la negociación, la prestigiosa firma ha llegado a un acuerdo con los fiscales generales en esos 47 estados, el Distrito de Columbia y otros cinco territorios. 

Este acuerdo se produce después de que salieran a la luz varios documentos durante estas investigaciones que muestran cómo McKinsey trabajó para impulsar las ventas del analgésico OxyContin de la firma Purdue Pharma.

Esta campaña coincidió con una epidemia de consumo de opioides en Estados Unidos que ha contribuido a la muerte de más de 450,000 personas en las últimas dos décadas.

Al parecer, el trabajo de McKinsey con Purdue incluyó recomendarle que se concentrara en la venta de píldoras en altas dosis, según muestran los documentos, incluso después de que la farmacéutica se declarara culpable en 2007 de haber engañado a los médicos y reguladores sobre los riesgos de usar OxyContin. 

La consultora también le aconsejó a Purdue que se uniera con otros fabricantes de opioides para evitar un "tratamiento estricto" de estos productos por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos.

La consultora aceptará en el acuerdo, que se presentará en los tribunales estatales este jueves, las restricciones ordenadas por la justicia sobre su trabajo con algunos tipos de narcóticos adictivos, según las fuentes citadas por el Times. 

McKinsey también deberá guardar los correos electrónicos durante cinco años y revelará los posibles conflictos de intereses al presentar ofertas para contratos estatales.

Y en un movimiento similar a los acuerdos de la industria tabacalera de hace décadas, aportará decenas de miles de páginas de documentos relacionados con su trabajo con opioides en una base de datos disponible públicamente.

Los estados utilizarán las sanciones civiles, de los cuales 478 millones de dólares deben pagarse en un plazo de 60 días, para los programas de tratamiento, prevención y recuperación de opioides.

Será el primer dinero que verán los estados después de que Purdue Pharma acordara en octubre pagar 8,300 millones y se declarara culpable de cargos penales federales por la comercialización de OxyContin.