CDMX.- A través de sus opacas estructuras offshore, encabezadas por su filial PMI, Petróleos Mexicanos (Pemex) benefició a la empresa española OHL con una planta solidificadora de azufre en Coatzacoalcos, Veracruz, en un presunto fraude de más de mil 228 millones de pesos que se gestó durante la gestión de Emilio Lozoya Austin al frente de la petrolera y continuó a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto.

El contrato inicial, que nunca fue sometido al conocimiento del Consejo de Administración de Pemex, establecía que la planta debía arrancar a finales de 2016 con un costo de 43 millones de dólares. Sin embargo, la empresa productiva del Estado se endeudó por 75 millones, de los cuales gastó al menos 64 millones 321 mil dólares en la planta, que hasta la fecha no funciona.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó, en un informe publicado el pasado jueves 20, que esto se debe a vicios ocultos de OHL en la construcción –una bodega sufre hundimiento– y a “la inexistencia de oferta del principal insumo, que es el azufre”; por si fuera poco, la petrolera desembolsó más de 26 millones de pesos en la contratación de expertos para determinar los daños.

Este presunto fraude se suma a la amplia lista de irregularidades documentadas en las operaciones de OHL, corporativo del que Lozoya fue consejero entre 2010 y 2012, durante las administraciones de Enrique Peña Nieto, tanto en el Estado de México como en el gobierno federal: la constructora española recibió contratos públicos por más de 43 mil millones de pesos, además de concesiones carreteras que le generan rendimientos multimillonarios.

Ni un día en sexenio de EPN se dejaron de desviar recursos

Por otra parte, durante los seis años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto al menos 41 dependencias y organismos del Gobierno Federal utilizaron a universidades y sistemas de televisión para presuntamente desviar 9 mil 605 millones de pesos de recursos públicos, a través del esquema conocido como La Estafa Maestra.

Entre los involucrados están la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Hacienda, Comunicaciones y Transportes, Pemex, Sedesol, Sagarpa, Sedatu; organismos como Cofepris, IMCINE, ISSSTE, Conagua, Conafor, Diconsa, CFE, el IMPI, el TRIFE, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Instituto de Administración y Avalúos, y la banca de desarrollo como Bancomext, Banobras y Nafin, entre otros.

En sus informes de 2012 a 2018, la Auditoría Superior de la Federación detectó que las dependencias del gobierno federal hicieron convenios con 35 universidades y sistemas públicos de radio y televisión, para hacer supuestos servicios de los cuales no hay pruebas de haberse realizado.

(Con información de Proceso y Animal Político)