Ciudad de México.- Después de casi cinco meses de prisión en España, el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, podría regresar a México esta semana y “cantar”, como dice el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Si Lozoya canta y llega a un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), además de salir ileso, podría llevar al banquillo de los acusados a más de 37 personas, incluyendo al expresidente Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Emilio Lozoya Austin ha sido investigado por “algún tema de defraudación fiscal” y en específico, por los presuntos sobornos que recibió (2012-2013) de la constructora brasileña Odebrecht, la compra de la planta Agro Nitrogenados (2013) a Altos Hornos de México (AHMSA), además de la adquisición de Fertinal (2015) y de un astillero en España (2013).

Hoy, la FGR busca lindar responsabilidades en su contra por el caso Odebrecht y la compra de dos plantas chatarra (Agro Nitrogenados y Fertinal) que supuso un probable daño a la Hacienda Pública Federal de al menos 29.7 mil millones de pesos, considerando que al momento de su adquisición, Agro Nitrogenados tenía “extremo deterioro” y Fertinal estaba en “quiebra” por no producir suficiente, de acuerdo con datos del “Libro Blanco 2015-2018” de Pemex Fertilizantes.

“Seguramente va a declarar; [Lozoya] está, según entiendo, aceptando la extradición por un acuerdo con la Fiscalía para lograr algunos beneficios en cuanto a su posible consignación [y] condena, aportando información, dando a conocer lo que sucedió”, explicó el Presidente AMLO en la mañanera del 1 de julio pasado.

La periodista Ana Lilia Pérez, quien se ha especializado en investigaciones de corrupción en el sector energético, coincidió en que Emilio Lozoya estará dispuesto a declarar, sobre todo considerando que “él no es el único, dentro de su familia, que ha estado bajo investigación y bajo proceso. Está también su mamá, está su hermana y está su esposa. De manera que quizá las negociaciones que él busque puedan ser para favorecer a su familia; su mamá misma que ahora está en arraigo domiciliario”.

En la opinión de la autora del libro Pemex RIP, “es un caso que será un parteaguas, sobre todo en el tema de combate a la corrupción que es una de las principales banderas que tiene éste Gobierno, y del resultado de éste veremos si México está en posibilidad de tener lo que en otros países se ha conocido como ‘maxi-proceso’”, es decir, un juicio multitudinario que rompe con el “código de silencio mafioso” y que permite una serie de vinculaciones por las acusaciones entre unos y otros involucrados. “De ese tamaño es la importancia de éste caso”, abundó.

Lozoya Austin podría hablar y destrabar la cadena de implicados en diversos casos de corrupción ligados a Pemex y al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Por ejemplo, por las compras de las plantas chatarra entre 2013 y 2015, más de uno podría caer, ya que los lineamientos de la Ley de Pemex indica que los integrantes del Consejo de Administración de la petrolera son tan responsables –o inocentes, en su caso– como el exdirector general de Pemex, por los posibles daños al erario público.

La decisión de las adquisiciones de Agro Nitrogenados y Fertinal no sólo pasó por las manos de Lozoya Austin. Al menos otras 13 personas del Consejo de Administración de Pemex estuvieron directamente involucradas en la aprobación de los proyectos, según los acuerdos “específicos” de la petrolera (numerados CA134/2013, CA-110/2015, CA-209/2015 y CA-225/2015) en que fueron discutidas las compras, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de información número 1857200197218.

Entre los involucrados están Pedro Joaquín Coldwell, ex Secretario de Energía; Rafael Pacchiano Alamán, entonces subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente; Cuauhtémoc Ochoa Fernández, ex subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente; María de Lourdes Melgar Palacios, ex subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía; Miguel Messmacher Linartas, ex subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda; y José Rogelio Garza Garza, ex subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía.

Además están los entonces secretarios del Consejo de Administración de Pemex, César Emiliano Hernández Ochoa y Fernando Zendejas Reyes, así como el ex prosecretario Miguel Ángel Flores Ramírez y los otrora consejeros independientes Alberto Tiburcio Celorio, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Jorge José Borja Navarrete y Octavio Francisco Pastrana Pastrana.

Sin embargo, entre 2013 y 2018 hubo otras 24 personas que formaron parte del Consejo de Pemex.

En esos años en que el órgano supremo de la Empresa Productiva del Estado acomodó a personalidades políticas del talle de Enrique Ochoa Reza, Ildefonso Guajardo Villareal y Luis Videgaray Caso –por mencionar algunos– ninguna discusión sobre Agro Nitrogenados o Fertinal derivó en sanciones o esclarecimiento suficiente que lindara o deslindara responsabilidades, por una inversión en plantas “chatarra” con un sobre-costo superior a 16.8 mil millones de pesos.

La Ley de Petróleos Mexicanos es clara al respecto.

El Artículo 13 plantea que el Consejo es “responsable de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y sus empresas filiales”. Y Su artículo 31 refiere que las 10 personas que lo componen son responsables, junto con el director general de la empresa, de “los daños y perjuicios que llegaren a causar”, por “los actos, hechos u omisiones en que incurran”.

Pese a que la Ley establece que sólo las personas que hayan adoptado una decisión perjudicial para Pemex son responsables de los hechos, también señala (Artículo 35) que “los consejeros serán solidariamente responsables con los que les hayan precedido en el cargo, por las irregularidades en que éstos hubieren incurrido si, conociéndolas, no las comunicaren al Comité de Auditoría”. Esto también aplica para los actuales integrantes del Consejo.

De este modo, las declaraciones (2019) del ex director de Fertinal (2015) Fabio Massimo Covarrubias Piffer, acerca de que Emilio Lozoya Austin no estuvo presente durante las negociaciones de compraventa, no lo eximen de responsabilidad legal, toda vez que estuviera enterado de los hechos, pero sin actuar para evitar el perjuicio y enmendar el daño.

Inclusive los párrafos cinco y seis del Artículo 31 de la Ley de Pemex indican que los daños cometidos pueden ser reclamados por la vía civil. También señalan que “cuando se trate de actos, hechos u omisiones de tracto sucesivo o con efectos continuos”, la acción para exigir la responsabilidad prescribirá “cuando termine el último acto, hecho u omisión o cesen los efectos continuos, según corresponda”.

LOS BENEFICIOS DE HABLAR

Emilio Lozoya Austin podría negociar con la FGR y evitar ser investigado o procesado por los delitos que le llegaran a ser imputados. Todo dependerá de la información que provea cuando cante, si es que canta y si resulta de utilidad para las autoridades.

“Con el criterio de oportunidad, Lozoya podría involucrar a mandos superiores para obtener beneficios sobre los delitos que se le imputan que son, básicamente, lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa”. En la opinión de la peridista Ana Lilia Pérez, “en su alcance mayor, ésta figura de criterio de oportunidad pude permitirle a una persona, incluso, evitar ir a la prisión”, aunque aún no se sabe si éste es el caso de Lozoya.

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) existe un pase libre de la cárcel para Lozoya Austin, que se llama criterio de oportunidad.

“La aplicación de los criterios de oportunidad extinguirá la acción penal con respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso la aplicación de dicho criterio”, se lee en el Artículo 257 del CNPP.

Para poder ser beneficiario del criterio de oportunidad, los delitos cometidos no deben de haber atentado en contra del libre desarrollo de la personalidad, y no deben estar relacionados con ejercicios de violencia, delitos fiscales o “aquellos que afecten gravemente el interés público” (artículos 221, 256 fracciones I y II, así como 259).

Sin embargo, en el caso de los delitos fiscales y financieros existe una excepción a la regla vertida en la fracción V del Artículo 256, en que se lee que aplicará el criterio de oportunidad “cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio”.

Lo anterior implica que si el exdirector de Pemex aporta información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución de los beneficiarios finales de los presuntos delitos que cometió, podría salvarse de las acciones penales en su contra y pasarle las responsabilidades imputables a otras personas quienes, a partir de ese momento, estarían obligadas a reparar el daño.

No obstante lo dicho, existe una forma de que Lozoya diga “un dos tres por mí y por todos mis compañeros”.

Los artículos 256 (fracciones I y II) y 257 indican que si el Ministerio Público le otorga a Lozoya el criterio de oportunidad por delitos sin violencia que no impliquen cárcel, o que impliquen cárcel por menos de cinco años, o que tengan pena alternativa a la pena privativa de libertad, los efectos del criterio de oportunidad “se extenderán a todos los imputados que reúnan las mismas condiciones”.

Además de los beneficios mencionados, el criterio de oportunidad le daría el derecho a Lozoya de recuperar todos los bienes que le fueren asegurados por las autoridades judiciales, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 245 del CNPP.

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