El exdirector de Petróleos Mexicanos podrá ser juzgado en México por delitos que no sean blanqueo de capitales, cohecho o asociación ilícita, que fueron los que motivaron su pedido de extradición, lo que abre la puerta a una condena menor por colaborar con la justicia de su país.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró el domingo que Emilio Lozoya, quien fuera un estrecho colaborador del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, se había ofrecido a hablar acerca de las investigaciones sobre corrupción en Pemex.

Según la decisión que hizo pública el lunes un tribunal español, cuando Lozoya aceptó ser extraditado el 29 de junio también renunció a una prerrogativa que habitualmente limita al país solicitante a sólo perseguir al acusado por los supuestos delitos iniciales.

Los magistrados de la Audiencia Nacional, que en España juzga los casos de extradición, también revelaron algunos de los argumentos que esgrimió la Fiscalía General de México para requerir a Lozoya, quien dirigió Pemex entre 2012 y 2016 en coincidencia con el mandato de Peña Nieto.

Entre los detalles destaca que se sospecha que Lozoya otorgó contratos de obra irregulares a la empresa Altos Hornos de México por las que el exdirectivo presuntamente recibió en 2012 alrededor de 3.4 millones de dólares en cuentas en Suiza de una sociedad controlada por su hermana.

Las transferencias coinciden, según la petición de la Fiscalía mexicana a España, con el tiempo que Lozoya formó parte del gabinete de transición de Peña Nieto y con una operación por 2.5 millones de dólares para adquirir una vivienda en un sector privilegiado de la capital mexicana.

Al año siguiente, Lozoya propuso a Pemex la compra de una planta de fertilizantes aparentemente inactiva representada por Alonso Alcira, responsable de Altos Hornos de México. A la compra por 264 millones de dólares hubo que añadir una inversión de 450 millones adicionales para poner la planta en marcha.

La segunda causa por la que Lozoya está reclamado en México se centra en su época como director del Foro Económico Mundial de América Latina, cuando aconsejó a la constructora brasileña Odebrecht sobre negocios en México en 2009.

La constructora ha alcanzado acuerdos con las autoridades judiciales de varios países tras un escándalo de sobornos por contratos. Lozoya hasta ahora había negado haber aceptado pagos.

A cambio de la ayuda que prestó a Odebrecht, y según la Fiscalía mexicana, Lozoya solicitó un pago a su favor para apoyar la campaña política del partido PRI que consistió en ocho transferencias por un total de cuatro millones de dólares. Parte del dinero se utilizó, presuntamente, para la compra de una vivienda de 1.9 millones de dólares en el estado de Guerrero a nombre de la esposa de Lozoya.

En 2013 y sin licitación internacional, el exdirector de Pemex presuntamente otorgó a Odebrecht un contrato para obras en la antigua refinería de Tula. A cambio, Lozoya presuntamente recibió cinco millones de dólares.

López Obrador presentó la detención Lozoya en España, en febrero del año pasado, como un éxito de su campaña contra la corrupción.

La entrega del empresario debe ser confirmada en los próximos días por el gabinete del Gobierno español de Pedro Sánchez.