Siete funcionarios públicosque fueron secretarios de Estado en la actual administración federal vieron su fortuna aumentar en los casi seis años de Gobierno peñanietista, en el que la brecha de desigualdad nacional apenas menguó. El contraste ratifica las palabras con que Enrique Peña Nieto inauguró su sexenio: “Somos una Nación que crece en dos velocidades. Hay un México de progreso y desarrollo. Pero hay otro, también, que vive en el atraso y la pobreza”.

Gerardo Ruiz Esparza, Ildefonso Guajardo Villarreal, Jesús Alfonso Navarrete Prida, Luis Videgaray Caso, Pedro Joaquín Coldwell y Rosario Robles Berlanga comenzaron y concluirán este sexenio al frente de una Secretaría de Estado. A ellos se suma Miguel Ángel Osorio Chong, quien a pesar de abandonar el Gabinete presidencial en enero de este año para ocupar una curul en el Senado de la República, fue un alfil indispensable durante casi toda la presente administración.

Durante los últimos seis años, estos siete funcionarios se embolsaron un promedio de 2.4 millones de pesos anuales como parte de su ingreso neto por cargo público, de acuerdo con un análisis de sus respectivas declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública(SFP), realizado por la Unidad de Datos de SinEmbargo.

Esta cantidad es 94 veces mayor al promedio del salario mínimo anual (25 mil 107 pesos) durante el periodo, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). O bien, es 41 veces mayor al ingreso de bienestar (57 mil 120 pesos anuales) que los mexicanos deberíamos tener, según el estudio “Pobreza persistente en México, mercados laborales con bajos salarios (2018)” de la Universidad Iberoamericana.

Además de su salario por cargo público, los funcionarios pueden tener ingresos adicionales como producto del “desempeño de varios empleos públicos”, del ejercicio de labores de tipo “técnico calificado o por especialización en su función”, o como parte de un “servicio profesional por honorarios”, refieren el “Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y la Norma para la Celebración de Contratos de Servicios Profesionales por Honorarios y el Modelo de Contrato”.

Entre 2012 y 2018, por ejemplo, Jesús Alfonso Navarrete Prida [ex Secretario de Trabajo y Previsión Social y actual Secretario de Gobernación (Segob)] declaró ingresos por casi 33 millones de pesos por “servicios profesionales”, así como 22.8 millones derivados de “actividad industrial o comercial”, “actividad financiera” y “otros ingresos”.

De igual forma, el Secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell habría ganado poco más de 2.8 millones de pesos por servicios profesionales, además de los 13.8 millones que generó por desempeñar su cargo entre 2013 y 2018. Y Miguel Ángel Osorio Chong habría ganado 355.1 mil pesos en 2013, adicionales a los 13.1 millones de pesos que obtuvo por cargo entre 2013 y 2017.

En los casos de Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Ildefonso Guajardo Villarreal, quien encabeza la Secretaría de Economía (SE),;Luis Videgaray Caso, ex encargado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y actual Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), así como Rosario Robles Berlanga, ex encargada de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y actual titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) no hubo declaración de ingresos adicionales por honorarios.

Sin embargo, en 2015, Guajardo Villarreal reportó ingresos por actividad financiera y “otros”, por un monto de 796.3 mil pesos. Y entre 2015 y 2017, Videgaray Caso declaró ingresos de 194.8 mil pesos por actividad financiera.

Si a los ingresos adicionales de estos siete funcionarios públicos sumamos sus respectivas percepciones por cargo público entre 2013 y 2018, Navarrete Prida habría ganado 79.7 millones de pesos netos en tan sólo seis años; Joaquín Coldwell, 16.6; Ruiz Esparza, 15.8; Guajardo, 14.4; Videgaray, 14.2; Osorio Chong, 13.5, y Robles Berlanga, 12.8 millones de pesos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), en México sólo 4.9 millones de personas (cuatro por ciento de la población adulta) gana más de cinco salarios mínimos (159 mil pesos anuales). Y según las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en nuestro país hay 73.6 millones de personas (60.2 por ciento de la población) que ganan menos de cinco salarios mínimos.

Para más del 60 por ciento de los mexicanos, alcanzar los ingresos que Rosario Robles obtuvo en seis años implicaría más de 100 años de trabajo sin gastar un sólo peso. Y para el 43.6 por ciento de los ciudadanos más desafortunados del país –o 53.4 millones de personas que sufren de pobreza– generar esa cantidad implicaría, como mínimo, 711 años de labor sin gastos.

AHORROS Y OPACIDAD

Entre 2013 y 2017, el salario neto de los siete indispensables de EPN tuvo un alza promedio de 11 por ciento. En ese mismo periodo, el salario mínimo en México presentó un incremento promedio de 6.21 por ciento, según el cálculo de la Unidad de Datos de SinEmbargo.

A pesar de las millonarias ganancias, la versión pública de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios no permite a la ciudadanía evaluar la evolución de su peculio. Inclusive, la organización Data Cívica reveló en mayo de este año que, en 2017, el 73 por ciento de los empleados federales que presentó su declaración patrimonial ante la SFP decidió no hacer pública la información.

Según el Artículo 29 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Gobierno federal, “las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos” por los artículo 6 y 16 constitucionales, que establecen que toda la información gubernamental debe ser accesible y que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales.

El problema radica en que la Ley vigente establece que la declaración patrimonial de los servidores públicos se hará pública sólo si otorgan su consentimiento expreso, lo que de acuerdo con Fundar, “contradice el principio de máxima publicidad estipulado en el artículo sexto constitucional”.

Gracias a ello –abunda– “existe una resistencia clara que se expresa en la falta de voluntad política y la búsqueda recurrente de obstáculos legales, cuyo resultado final es impedir a las y los ciudadanos conocer el contenido de las declaraciones patrimoniales de un funcionario público”.

La información de las declaraciones patrimoniales no permite saber, a cabalidad, si los siete funcionarios se enriquecieron de manera lícita o ilícita. Sin embargo, los datos que presentaron entre 2012 y 2018 permiten conocer sus ingresos salariales y parte del valor de su patrimonio.

Gerardo Ruiz Esparza y Pedro Joaquín Coldwell, por ejemplo, no declararon en seis años el valor de su patrimonio (ahorros, propiedades y objetos personales).

Ildefonso Guajardo Villarreal sólo declaró los montos de sus posesiones, en 2015, por un total de 19.2 millones de pesos. Lo mismo hizo Jesús Alfonso Navarrete Prida, quien sólo refirió montos en 2016, por un total de poco más de 63.5 millones de pesos.

En los casos de Luis Videgaray Caso, Miguel Ángel Osorio Chong y Rosario Robles Berlanga, sólo es posible vislumbrar su evolución patrimonial entre 2015 y 2018.

El peculio de Videgaray tuvo, entre 2015 y 2017, un incremento real de casi 3 por ciento (al pasar de 22.9 a 23.6 mdp). El de Osorio, en cambio, despegó en 206 por ciento entre 2015 y 2018 (al pasar de 2.9 a 9.1 mdp). Y el de Robles se incrementó en 25 por ciento entre 2015 y 2017 (al pasar de 2.7 a 3.4 mdp).

En contraste, en México sólo el 44 por ciento de la población adulta (33.6 millones de personas) ahorra o puede ahorrar, refieren datos de la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). De esta cantidad, 14 por ciento es ahorro para pagar deudas, se lee en la encuesta Los Mexicanos y el Ahorro de Consulta Mitofsky.

La cantidad monetaria que cuatro de cada 10 mexicanos pueden ahorrar llega a un valor máximo de 3 mil 500 pesos anuales, según los resultados de la encuesta Provident 2016. Además, el ejercicio demoscópico reveló que, hasta ese año, el ahorro de vida de los entrevistados comprendía montos de entre 2 mil y 4 mil 500 pesos.

Con esa capacidad de ahorro, el mexicano promedio tardaría 6 mil 743 años en ahorrar lo que Luis Videgaray juntó hasta 2017.

EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE LOS INDISPENSABLES DE EPN

LAS POSESIONES

De 2013 a 2018, la compraventa de posesiones (vehículos y bienes muebles e inmuebles) de los siete indispensables de Peña permite apreciar la capacidad de su poder adquisitivo, aunque no sepamos el valor real de su peculio.

Gerardo Ruiz Esparza, en 2013, declaró tener cuatro casas, un departamento y un terreno adquiridos de contado, así como tres vehículos, “diversas obras de arte”, joyas, muebles y accesorios, además de cuatro inversiones bancarias. En 2014, vendió un terreno y un coche. Ese mismo año, compró tres departamentos y un Porsche modelo 2009. La compraventa de bienes siguió su curso y en 2018, declaró tener cinco bienes muebles y dos vehículos (sin considerar el Porsche, que dejó de declarar a partir de 2017).

Pedro Joaquín Coldwell ya contaba con dos casas, seis locales, dos terrenos, un departamento y un edificio (pagados de contado) en 2013. También declaró tener cinco vehículos, dos pinturas y 19 inversiones bancarias. Para 2018, el Secretario de Energía se quedó con 10 bienes muebles y tres vehículos.

A inicios del sexenio, Ildefonso Guajardo Villarreal ya tenía dos casas, dos departamentos y un terreno pagados de contado. En mayo de este año, declaró tener la misma cantidad de bienes muebles (sin contar una casa heredada que dejó de declarar en 2017). También tenía tres vehículos –que vendió a lo largo de los años– y diversas obras de arte y muebles que, hasta 2015, estaban valorados en 1.8 millones de pesos.

Miguel Ángel Osorio Chong nunca declaró tener vehículos o vivienda. Sin embargo, empezó el sexenio con un palco y cuatro terrenos. Para 2015, había vendido dos de sus propiedades. Las tres restantes –que aún tenía en mayo de este año– estaban valuadas en poco más de 1.2 millones de pesos.

Rosario Robles Berlanga, por su parte, sólo contaba con un coche en 2013 y no tenía vivienda declarada. Sin embargo, en 2015, sus “cuadros y esculturas”, muebles y “collares, aretes y diversas joyas” –pagados de contado– tenían un valor igual o superior a un millón de pesos.

Jesus Alfonso Navarrete Prida comenzó con seis casas (una donada y el resto pagado de contado), tres departamentos y dos terrenos pagados de golpe. Sus cuantiosas propiedades incluían una flota de siete vehículos, además de numerosas pinturas, relojes y muebles (todo pagado de contado). En 2016, las propiedades del ex Secretario de Trabajo y Previsión Social valían casi 64 millones de pesos. Y para 2017, sumaba 12 propiedades en total y una flotilla de ocho vehículos.

El caso más emblemático en el tema de propiedades es, quizá, el de Luis Videgaray Caso. En seis años, sólo declaró tener la casa de Malinalco, en el Estado de México, valuada en 7.5 millones de pesos. Inclusive, en 2015 declaró la casa de su cónyuge con un costo de 6.4 millones. Fuera de eso, se quedó con los tres coches que tenía desde 2013, además de otros “varios bienes” no etiquetados.

Mientras los secretarios y ex secretarios de Estado cuentan las propiedades con múltiples dedos, en México hay 73.6 millones de personas (60.2 por ciento de la población) que no pueden comprar una vivienda porque ganan menos de 13.3 mil pesos mensuales, o el monto mínimo necesario para acceder a un crédito hipotecario, explica el “Diagnóstico del derecho a la vivienda digna y decorosa 2018” del Coneval.

Asimismo, según el informe “México: Transformando la Política Urbana y Financiación de Vivienda (2015)” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 76.4 por ciento de los hogares en México es habitado por sus propietarios. Esto quiere decir que hay 28.9 millones de personas que no tienen hogar propio.