Bogotá.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró hoy su preocupación por la Ley de Seguridad Interior de México, que formaliza la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, puesto que puede debilitar los derechos y libertades individuales.

“La preocupación que muestro con la ley de seguridad interior es la misma que extendió la comisión el pasado 4 de diciembre. De un lado es legítimo y necesario fortalecer la garantía de derecho a la seguridad, pero sin comprometer ni debilitar derechos ni libertades individuales”, aseguró la comisionada Flavia Piovesan durante las audiencias que la CIDH celebra en Bogotá.

En este sentido, señaló que “la formación castrense tiene otra lógica, otra racionalidad” a la policial, por lo que consideran que los militares no tienen la experiencia necesaria ni la preparación adecuada “para el desarrollo de este rol de seguridad”.

En ese sentido, Ernesto López Portillo, secretario técnico del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática y uno de los voceros que tomaron la palabra en nombre de la sociedad civil, aseguró que la inseguridad ha crecido.

“Si tuviéramos una máquina para regresar en el tiempo y nos hubiéramos reunido durante una hora hace dos años, habría 2,1 homicidios en México en esa hora. Hoy, habría 3,5 personas asesinadas”, comentó.

Además de esa degeneración de la situación, aseguró que la ley de seguridad “invierte el mando civil sobre el militar”, mientras que no hay “evidencia de que la intervención militar reduzca la violencia”.

Por su parte, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, Miguel Ruiz Cabañas, señaló que la aplicación de la ley todavía no ha sido implementada, puesto que todavía debe pronunciarse la Corte Suprema de Justicia.

Ruiz Cabañas dijo que “existe una serie de políticas” de los esfuerzos de las Fuerzas Armadas, autoridades civiles y Policía Federal “para imbuir las normas de uso debido y proporcionado de la fuerza”.

También ha recibido un “entrenamiento muy productivo en materia de respeto a los derechos humanos”.

Sin embargo, dijo que con esa ley no se va a “criminalizar la protesta social”.

“Lo que inspira esta ley es la amenaza real y es que lamentablemente el narcotráfico y el crimen organizado no puede identificarse con protesta social”, agregó.

La situación, en opinión del funcionario, se ha agravado gravemente por las numerosas tiendas de venta de armas sin mucho control en Estados Unidos cerca de la zona de frontera, “lo que produce un tráfico brutal de armas a México”.

Ante esa situación, cree que las armas de asalto “inundaron” México y beneficiaron “al crimen organizado”, que hoy “tiene una capacidad de fuego superior a las fuerzas policiales”.