Ciudad de México. La Ley de Seguridad Interior contraviene el contenido y la esencia de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, porque abre la posibilidad de vulnerar derechos y libertades básicas, deja en manos de las fuerzas armadas la conducción de instituciones del ámbito civil y afecta el diseño y equilibrio entre la Federación, los estados, instituciones, órganos del Estado y los poderes, definió el ombudsman Luis Raúl González Pérez.

Al presentar su informe 2017, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sostuvo que todos quieren más y mejor seguridad, “pero ésta no puede lograrse a cualquier costo”, y recordó que en 1996, al resolver la acción de inconstitucionalidad 1/96, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la votación de 11 ministros, determinó que tratándose de seguridad interna, las fuerzas armadas únicamente deben ser auxiliares de la autoridad civil.

Explicó que la CNDH presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior ante la Corte porque no se realizó un análisis y discusión del proyecto con la sociedad civil, la academia y las fuerzas armadas, pero no busca atacar a las instituciones o debilitar nuestro Estado de derecho.

Resaltó que la simple lectura de la ley permite advertir que no se reporta ningún beneficio directo a los ciudadanos ni a los militares que intervienen y arriesgan su vida en tareas de seguridad pública.

“La ley, en su parte sustantiva, es un instrumento que posibilita que, sin parámetros objetivos y sin las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, el Ejecutivo federal puede ordenar discrecionalmente la intervención de las fuerzas armadas e incidir en el ámbito de libertades y derechos de las personas, por causas y materias que trascienden, por mucho, el ámbito de la seguridad interior, por cuestiones tan imprecisas y de subjetiva interpretación como preservar el desarrollo nacional o el Estado de derecho”, dijo.

A los legisladores, el ombudsman les dijo que que en contraste con el logro de dimensiones históricas que representó la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, aprobada por el Congreso, la Ley de Seguridad Interior “será uno de los capítulos más polémicos y de mayor trascendencia en la historia para ponderar el trabajo de la 63 Legislatura”.

En su informe al Legislativo, sostuvo que 2017 será considerado un año atípico para los derechos humanos en el país, porque si bien se redujo el número de quejas contra las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, fue el año en que la CNDH ha emitido más recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos.

En un contexto internacional de reproducción del discurso de odio, llamó a los partidos políticos a desterrar la animadversión de las campañas electorales e incluso dijo que los electores deben considerar, para la emisión de su voto, observar quién ofrece garantías en favor de la legalidad, los derechos humanos y la dignidad de las personas.

“Una democracia genuinamente madura destierra las diatribas y los agravios en favor de un debate racional y fundamentado. El intercambio de ideas durante las campañas puede ser vigoroso; pero, para beneficio del país, jamás debe ser intransigente o fanático”, dijo.