El número de estadounidenses muertos por sobredosis de heroína se multiplicó por cuatro entre los años 2010 y 2015, dentro de una escalada que ha llevado a la Administración de Estados Unidos a decidir declarar esta crisis como una emergencia nacional, algo que no se había hecho en la historia. Según el último informe anual de la Agencia Antidroga, publicado el lunes, en el último ejercicio analizado las muertes se situaron en un récord de 12.898, lo que supone un salto del 328% respecto al balance de tan solo cinco años atrás.

El azote de la droga, propinado por las prescripciones médicas excesivas, los opiáceos sintéticos y la heroína, ha alcanzado los niveles de epidemia. Muchas adicciones han comenzado con el mal uso de medicamentos contra el dolor, fármacos peligrosos prescritos por los médicos con demasiada ligereza, un fenómeno que se suma al consumo de heroína o cocaína tradicional. Entre otros, la DEA tiene en su punto de mira el fentanilo, el opiáceo que puede ser 50 veces más potente que la heroína y que mató a Prince en 2016.

Los carteles mexicanos se mantienen como los principales suministradores de droga en Estados Unidos y la DEA no prevé que ese dominio cambie a corto plazo, pese a la caída en los últimos tiempos de figuras como el Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en su día el mayor traficante del mundo, y las guerras intestinas que se han desatado en Sinaloa tras su reclusión en EE UU. “Ninguna otra organización dispone actualmente de una infraestructura a nivel nacional que pueda competir con las organizaciones criminales mexicanas”, señala el informe, con Sinaloa, Jalisco Nueva Generación o los Zetas a la cabeza.

El 93% de la heroína que EE UU incautó en 2015 y la DEA analizó provenía de México. El cultivo de opio se ha disparado en los últimos años en el país, hasta sumar una superficie de 32.000 hectáreas en 2016, lo que supone un potencial de producción de 81 toneladas métricas de heroína, el triple que tres años antes. Los traficantes colombianos, en paralelo, siguen siendo los grandes productores de cocaína y, según la Agencia Antidroga, este control aumentará en los próximos años debido al aumento de los cultivos.
Emergencia nacional

Esta tendencia ha provocado fricciones entre EE UU y Colombia recientemente. En septiembre, la Administración de Trump acusó a Bogotá de incumplir sus compromisos internacionales y advirtió de que, si no se frena la producción de cocaína, podría acabar por incluirles en una suerte de lista negra de países que, según Washington, no luchan lo suficiente contra la droga. La DEA deja en interrogante el efecto que pueda tener el proceso de paz.

En teoría, el pacto de noviembre de 2016 establecía que las FARC acabaría con las operaciones ilícitas de coca, aunque la agencia estadounidense asume que algunos exguerrilleros se involucrarán en el negocio del narcotráfico. Trump ha prometido declarar una situación de emergencia nacional por la droga, como si se tratase de un terremoto o un ataque terrorista, algo que no tiene precedentes en la historia de EE UU (sí lo habían hecho algunos Estados a nivel individual).

Para hacerlo, el presidente puede optar por la vía de la ley de Servicios Sanitarios Públicos o por la llamada Stafford Act, que es la que permite movilizar recursos ante desastres naturales, como el fondo de alivio del FEMA, que acaba de ser reforzado por los legisladores estadounidenses después de las graves inundaciones provocadas por el huracán Harvey en Texas o los destrozos al paso de María en Florida.

La opción de la vía sanitaria implica que el secretario interino de Salud, Don Wright, que sustituyó al dimitido Tom Price, declarará la emergencia y podrá concentrar los recursos disponibles en atender la crisis en determinadas zonas o facilitar la prescripción de medicamentos contra la adicción, entre otras medidas. Esta vía no implica el acceso a un fondo especial, como la del FEMA.