Las aguas negras de 'Kiko' Vega, ex gobernador de Baja California

Por: Armando Nieblas del Campo / Cristian Torres Cruz
Agencia RADAR BC
Ilustraciones: Gabriela Guerrero / BCJB

La construcción de la planta desaladora más grande de América Latina, proyecto insignia del exgobernador panista de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, se encuentra envuelta en una red de corrupción que dejará embargada a la entidad durante los próximos 37 años y donde los únicos beneficiados serán empresarios y políticos cercanos a la clase gobernante.

Baja California se encuentra ubicada en el noroeste de México, con una población estimada de 3.7 millones de personas.   

Su clima semiárido y la escasez de lluvias han puesto en alerta a las autoridades, dado que la principal fuente de abasto es el Río Colorado, de dónde se obtienen mil 850 millones de metros cúbicos de agua al año, 728 millones más de lo que recibe la Ciudad de México a través del Sistema Cutzamala.

A lo largo del sexenio las autoridades del Gobierno Estatal insistieron en la necesidad de encontrar nuevas fuentes de abastecimiento, una de ellas la desalinización, para lo cual utilizaron información sesgada que les permitiera justificar la construcción de dos plantas desaladoras en la zona costa de la entidad.

Es así que en 2015 fueron licitados los dos proyectos bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP), uno en el municipio de Playas de Rosarito; 22 kilómetros al sur de Tijuana, y uno más en la Bahía de San Quintín, municipio de Ensenada, 300 kilómetros al sur de la frontera con California. 

El primero en licitarse fue el denominado “Sistema Integral Hídrico San Quintín (Producción de Agua Potable mediante desalinización) en el municipio de Ensenada, que consiste en la instalación de una planta con capacidad para producir 250 litros de agua por segundo, durante los próximos 30 años y cuya construcción representará una inversión de 875 millones de pesos al desarrollador.

En este caso, la Comisión Estatal del Agua (CEA) otorgó el proyecto a la sociedad mercantil denominada “Desaladora Kenton S.A. de C.V.”, sin embargo, se firmó el contrato hasta el 20 de enero del 2016.

La segunda, y más importante, es la “Construcción, Financiamiento y Operación de una planta desaladora en el municipio de Playas de Rosarito”, la cual garantizará un abastecimiento de 4 mil 400 litros por segundo (en 2 etapas), por un periodo de 37 años, lo que la convierte en la más grande de América Latina.

El fallo de la misma se dio el 15 de junio del 2016 a favor de la sociedad mercantil denominada “Aguas de Rosarito Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable” para la construcción de la desaladora de Aguas de Rosarito, con la que firmó un contrato el 22 de agosto del mismo año, en el cual  la empresa tendrá que invertir más de 9 mil millones pesos.

En esta última se encuentran involucradas dos empresas transnacionales, una de ellas la estadounidense Consolidated Water, cuya sede se encuentra en Islas Caimán, así como la francesa SUEZ Environnement, las cuales tienen por objetivo vender agua a los Estados Unidos.

El Gobierno de Baja California se convirtió en deudor solidario de los desarrolladores, asumiendo todo el riesgo financiero y las pérdidas que pudieran ocasionar los proyectos, además de permitirles solicitar líneas de crédito sin tener que invertir recursos propios, todo a costa del erario.

CAPÍTULO 1

Baja California embargada durante 37 años

Ingresos superiores a los 57 mil millones de pesos en conjunto, son los que recibirán los propietarios de las empresas Aguas de Rosarito y Desaladora Kenton durante los próximos 37 años, gracias a la operación, mantenimiento y venta de agua potable para el Gobierno de Baja California.

En el caso de la desaladora Aguas de Rosarito, el Estado se encuentra obligado a cubrir la cantidad mensual de 119 millones de pesos por los próximos 37 años; tan solo correspondiente a la primera etapa del proyecto, lo que representará ingresos superiores a los 53 mil millones de pesos a la empresa.

Por otro lado, la Desaladora Kenton, que se ubicará en San Quintín, en la zona rural del municipio de Ensenada, recibirá 11 millones 136 mil pesos mensuales por los próximos 30 años, es decir, ingresos por 4 mil 009 millones de pesos.

Estos recursos provendrán de tres fuentes: la recaudación total de los organismos operadores de agua de Tijuana y Ensenada, el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (ISRT) y su sobretasa, y un porcentaje de las participaciones federales en caso de ser requerido.

Para asegurar el pago puntual del servicio, el Congreso autorizó a las Comisiones Estatales de Servicios Públicos la creación de un fideicomiso, mediante la contratación de líneas de crédito que, en el caso de Ensenada, representa 33 millones 408 mil pesos y en Tijuana, 358 millones 964 mil pesos.

Agua más costosa y daño a las finanzas del Estado

Un estudio independiente realizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Mexicali en abril de este año, estableció que la puesta en marcha de la planta desaladora de Playas de Rosarito, tal y como se encuentra planteada, representará un aumento en la tarifa para los usuarios y además dejará sin liquidez a los organismos operadores de agua, impactando directamente en las finanzas del Gobierno Estatal.

Dicho análisis señala que la planta desaladora representará un gasto anual de mil 435 millones de pesos a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), por la producción de 2.2 metros cúbicos por segundo.

En comparación, el costo por la conducción de agua potable a través del Acueducto Río Colorado Tijuana (ARCT) cuesta solamente mil 191 millones 213 mil pesos, por 4.2 metros cúbicos por segundo, es decir, el doble de agua que generará la planta desaladora en una primera fase, a un precio más bajo.

Según el estudio, el agua que se recibe a través del ARCT es suficiente para abastecer la zona costa, por lo que la desaladora generará un sobre abasto, pero, además, representará un incremento de hasta en un 30 por ciento en la tarifa al usuario, derivado del costo de la energía eléctrica. 

El negocio perfecto, obtienen ganancias sin ningún riesgo

Luis Ramón Irineo Romero, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA) en Baja California, sostiene que el modelo de Asociaciones Público Privadas (APP) impulsado por el Gobierno Estatal y aprobado por el Congreso, no representa ningún riesgo para los particulares.

En este caso, el Poder Ejecutivo se convierte en aval de la empresa particular ante instituciones bancarias y, además, se obliga a crear un fideicomiso para garantizar el pago del servicio mensual, lo que significa que los particulares tienen asegurado el consumo, la tarifa y los ingresos.

Peor aún, las empresas que ganaron la licitación no cuentan con el capital suficiente para haber obtenido esos proyectos, ya que en ambos casos son de nueva creación, lo que según Irineo Romero pervertirá el modelo impulsado.

“Es un defecto que tiene la ley, pero yo no creo que haya sido una omisión, fue algo bien pensado porque al final permite el mecanismo de que puedas constituir empresas, junto con las que están participando, con capitales irrisorios”.

Irineo Romero consideró que este modelo le permite al Estado lucrar de forma discrecional, con un derecho humano como es el abasto de agua, lo cual es una distorsión de la obligación que tiene por ley.

CAPÍTULO 3

Maquillan cifras y violan la ley para justificar desaladoras

En entrevista para este medio, el exgobernador Francisco Vega de Lamadrid expuso que las desaladoras fueron una recomendación directa de la Comisión Nacional del Agua en 2014 y agregó que no se trataba de un tema personal, ya que un mandatario estatal no podría decidir sobre la instalación de una planta debido a que todos los permisos son de carácter federal.

“Nos fuimos a una licitación internacional para ver quién salía con el proyecto, y se hizo pública, hasta hubo notario y muchas cosas, y lo más importante, compitieron varias compañías a nivel internacional. ¿Cuántas de ellas se inconformaron? Ninguna, ese es el mejor ejemplo de la transparencia y decencia con las que se han hecho las cosas”, expuso Vega de Lamadrid.

Tras revisar los procesos de licitación se pudo constatar una serie de simulaciones, por ejemplo, en la licitación de la desaladora de San Quintín solamente Kenton presentó propuesta, convirtiéndose en la empresa ganadora por default.

En el caso de Rosarito, además de la ganadora se presentaron dos propuestas más, que si bien no obtuvieron el fallo a favor, estas empresas finalmente fueron beneficiadas con uno de los 11 proyectos de obra lanzados por el gobierno estatal.

Una de ellas fue Urbanización y Riego Baja California S.A. de C.V. (URBACA), la cual fue acusada de ser la empresa de cabecera de Francisco Vega de Lamadrid, y que obtuvo la licitación SIDUE-CESPM-APP-2016-001 para la Construcción de Tubería Troncal de Drenajes Pluviales Prioritario en Mexicali.

La tercera empresa que participó y dio “validez” a la licitación es Hydrochem PTE. LTD. en consorcio con Fuerza de Apoyo Constructiva de Occidente, GSM Servicios en General y VAHER Inmobiliaria, estas últimas ganadoras de la licitación SIDUE-PGJE-APP-2016-002 relativa al diseño, construcción, operación y mantenimiento de un edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Entre los observadores de la licitación se encontraban Héctor Peterson Villalobos y Armando Aranda Miranda, ambos en representación de la Cámara Méxicana de la Industria de la Construcción (CMIC).  El primero, socio de la desaladora Kenton y el segundo hermano de Jorge Aranda Miranda, subsecretario de Gobierno en la administración del panista José Guadalupe Osuna Millán.

Pese a dichas irregularidades y la ausencia de un testigo social, ninguna de las empresas impugnó el fallo de la CEA.

Desabasto inducido y falta de mantenimiento

Líderes de la agrupación Artículo 39 PRO BC señalaron que funcionarios estatales presentaron información falsa a los legisladores para justificar las obras, lo cual denunciaron ante la procuraduría estatal sin que su queja fuera atendida. 

Armando Salinas, miembro de esta agrupación, dijo que de mayo a octubre el acueducto que transporta el agua de Mexicali a zona costa funciona a su mínima capacidad con la justificación de un ahorro de energía, lo que se traduce en una reducción de 40 millones de metros cúbicos, que representa el 28 por ciento del agua que necesitó Tijuana y Playas de Rosarito en 2017 según datos de la misma Comisión Estatal del Agua (CEA).

“Es el Gobierno del Estado el que ha generado un desabasto de agua para poder llevar a cabo el proyecto de la desaladora de Playas de Rosarito”, indicó Salinas.

Las cifras no coinciden; mientras que la Comisión Estatal del Agua reportó en una solicitud de transparencia que en 2018 entregaron 151 millones de metros cúbicos a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) mediante el acueducto, la paraestatal responde en otra solicitud de transparencia que únicamente recibieron 145 millones de metros cúbicos, lo que representa un faltante de 6 millones, casi el agua que utiliza cada año el municipio de Tecate.

Un estudio realizado por el equipo de transición del gobierno de Jaime Bonilla Valdez entregado el 18 de septiembre del 2019 por el ahora titular de la CESPT, Rigoberto Laborín, dio cuenta de los malos manejos con que han operado el organismo.

El documento señala que “No pasa por alto el prolongado abandono en obras y mantenimiento del Acueducto Río Colorado-Mexicali-Tijuana, e infraestructura hidráulico-sanitaria, así como a las plantas de tratamiento”, advirtió Laborín Valdez.

Esta postura coincide con lo planteado por el Director del Organismo de Cuenca de la CONAGUA en el Estado, Rafael Sanz Ramos, quien descartó que exista desabasto de agua, ya que la entidad lleva años recibiendo la misma cantidad del Río Colorado.

CAPÍTULO 4

Venta de agua a los Estados Unidos, el verdadero negocio
VER AQUÍ: VENTA DE AGUA A ESTADOS UNIDOS

Documentos de la SEMARNAT, minutas del Distrito de Agua de Otay en California y reportes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, confirman lo que durante años negaron las autoridades en Baja California: la intención de exportar diariamente entre 20 y 40 millones de galones de agua producida en la planta desaladora de Playas de Rosarito.

Según la minuta 20060313, el Distrito de Agua de Otay (OWD por sus siglas en inglés) gestionó con autoridades mexicanas desde el 2006, la posibilidad de instalar una planta desaladora que cubriera el 40 por ciento de la demanda en esa zona.

Simultáneamente, Frederick W. McTaggart, Presidente y CEO de Consolidated Water, inició sus planes de expansión en México, pero fue hasta el 2009 cuando anunció oficialmente la intención de ampliar sus operaciones en el “Pacífico”, en donde podían ganar dinero con la venta de agua desalada, según lo señala un reporte de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.

Una vez asociado con NSC AGUA, el CEO de Consolidated Water inició con el proceso legal y sostuvieron reuniones con autoridades bajacalifornianas, quienes expresaron su deseo de comprar el agua producida para venderla o intercambiarla con Estados Unidos mediante un mecanismo comercial.

En sus declaraciones del 13 de mayo del 2015, McTaggart va más allá, señala que fueron las mismas autoridades estatales quienes entablaron comunicación con sus similares en Estados Unidos a fin de buscar algún el acuerdo comercial.

El acueducto secreto hasta Otay

Para concretar la compra-venta de agua a los Estados Unidos, los desarrolladores y el gobierno estatal necesitaban infraestructura, lo cual quedó plasmado en el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) presentado ante la SEMARNAT, el cual contemplaba la construcción de un acueducto que cruzaría la frontera entre México y Estados Unidos.

En la sección II.2.6 denominada “Descripción de obras asociadas al proyecto1” del MIA se confirmó la intención de vender los excedentes de agua a la frontera norte desde la CESPT al Distrito de Agua de Otay en San Diego.

El mismo apartado señala que el acueducto correrá desde la planta a través de las montañas entre Rosarito y Tijuana, paralelo al gasoducto de la empresa Sempra, entregando el agua en los tanques de la CESPT en El Florido, al este de Tijuana.

Entre las documentales presentadas por la empresa para su aprobación, dan a conocer fotografías incluso de la misma línea internacional Estados Unidos – México para dar a conocer en donde concluye el proyecto.

La mano de Jaime Bonilla y Francisco Vega de Lamadrid

Tanto el Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, como el Exgobernador Francisco Vega de Lamadrid conocían el proyecto y sabían que el propósito de la desaladora en Playas de Rosarito era vender agua a los Estados Unidos.

Minutas del Distrito de Aguas de Otay señalan que cuando Bonilla Valdez ocupó el cargo de Director de dicho organismo en 2008, inició las gestiones para instalar una planta desaladora en Playas de Rosarito, al grado que en 2011 se reunió con el entonces Alcalde de ese municipio, Javier Robles para discutir el proyecto.

Ya como Diputado Federal, en mayo del 2013, Jaime Bonilla Valdez participó en una reunión con los accionistas de NSC AGUA y una comisión del Distrito de Agua de Otay, quienes expresaron su interés por adquirir el agua producida en las costas mexicanas.

"El Estado está considerando vender al distrito la cantidad solicitada de agua desalinizada y también está interesado en las transferencias indirectas de agua del agua del Río Colorado", relata la minuta 20151019 del OWD.

Tanto el exgobernador Francisco Vega de Lamadrid como el exsecretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante Olache, negaron durante toda la administración que el agua de la desaladora se vendería a Estados Unidos.

“Me lo han preguntado no sé cuántas veces y les he dicho que no es cierto, no se puede vender agua”, dijo Vega de Lamadrid a un reportero de El Imparcial el 27 de mayo del 2019. 

Sin embargo, la minuta antes mencionada señala a Bonfante Olache como el contacto con el Gobierno Estatal, a quien incluso le plantearon la intención de enviar agua a los Estados Unidos de forma directa o indirecta a través del Río Colorado, así como el precio y la calidad del vital líquido.

Leyes ambiguas 

Milton Adán Rubio Díaz, director de la empresa Aguas de Rosarito, responsable de la construcción y operación de la planta desaladora, reconoció que la intención original de la planta era vender agua a Estados Unidos, pero aclaró que legalmente ellos no pueden hacerlo, toda vez que el Congreso se los impidió, aunque si se le permite al Gobierno Mexicano.

Una cláusula del Acta 323 del Comité Internacional de Límites y Aguas (CILA) permite el intercambio o entrega directa de agua en caso de contingencia entre ambas naciones, sin embargo, la legislación mexicana no lo permite de manera expresa.

Francisco Bernal Rodríguez, representante en Mexicali de la CILA, detalló que dicho esquema sólo podría darse con la autorización de ambos países. Explicó que el ACTA 323 contempla la exploración de proyectos de desalación en el Mar de Cortés para dotar de agua al estado de Arizona, y en el Océano Pacífico para abastecer a California.

Por su parte, el Director del Organismo de Cuenca de CONAGUA en Baja California, Rafael Sanz Ramos, aseguró que la Ley de Aguas Nacionales no contempla este esquema, por lo cual se necesitaría un trámite especial y un acuerdo entre ambos gobiernos, lo cual no existe en la actualidad, aunque no se descarta.

CAPÍTULO 5

La historia de Gough Thompson, el hombre que ideó y frenó la desaladora

El plan maestro para vender agua a Estados Unidos inicia en 2005, cuando Gough W. Thompson, un veterano de guerra originario de Maryland, conoce un estudio financiado por las autoridades mexicanas y estadounidenses, en el cual se establece que Playas de Rosarito es el sitio ideal para instalar una planta desaladora y comercializar el vital líquido.

Entrevistado en la ciudad de San Diego, California, donde reside desde hace años, Thompson recuerda que a través de su empresa East West Group (EWG) ideó el proyecto de la desaladora, pues debido al poco abasto de agua en ambos lados de la frontera, se visualizaba como un negocio muy atractivo.

Asociado con Alejandro de la Vega Valladolid, cuya principal tarea fue la de invertir recursos y hacer las gestiones con el Gobierno de Baja California, Thomson manifestó la intención de producir hasta 100 millones de galones al día, lo que convertirá a esta planta en la más grande de América y la sexta a nivel mundial.  

Ya con el apoyo del gobierno bajacaliforniano, buscaron un nuevo aliado en San Diego, en este caso el Distrito de Agua de Otay (OWD por sus siglas en inglés), al considerarlo un cliente potencial. En dicho organismo se encontraba el ahora Gobernador, Jaime Bonilla Valdez.

Tanto OWD como la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) manifestaron su interés por adquirir parte de los 100 millones de galones que diariamente produciría la desaladora.   El negocio iba tomando forma, pero había que fortalecerlo, por ello, se asociaron con la empresa estadounidense Consolidated Water Co. (CWC), encabezada en ese momento por Frederick W. McTaggart, con quien constituyeron NSC Agua.

Al paso de los meses, el proyecto avanzó más lento y comenzó a dificultarse, por lo que Thompson consideró que era momento de retirarse.  Es así que buscó un comprador, dando así con “The Carlyle Group”, una empresa con sede en Washington, D.C. que mostró su interés en la construcción de la desaladora.

Sin embargo, esta empresa buscaba quedarse con todo el control del proyecto e incluso comprar a CWC, lo cual no fue bien visto por McTaggart, quien además de impedir la negociación convocó a una reunión de socios en la que, sin previo aviso, incrementó el capital de la empresa y pulverizó las acciones de Thomson, quien pasó de tener el 25 por ciento, a menos del 1 por ciento de las acciones.

Con este movimiento, CWC se apoderaría del proyecto que representaría ganancias anuales de al menos 125 millones de dólares, lo que para Thompson fue motivo suficiente para dejarlo fuera.

A partir de ahí que comenzó un litigio entre los socios de NSC Agua, toda vez que Thompson presentó denuncias en México y Estados Unidos con el propósito de aclarar lo sucedido en la asamblea en la que disminuyeron su participación, ocasionando que se aplicara un embargo al predio donde construirán la desaladora.

Aunque reconoce que en este proyecto podrían haberse presentado actos de corrupción, expresó que contar con una fuente alterna de abastecimiento es importante para no depender del agua del Río Colorado y de los caprichos de Donald Trump, quien podría modificar los tratados binacionales en la materia y dejar sin agua a México.

Recordó que el plan era que el Gobierno de Baja California comprara el 100 por ciento del agua producida para vender una parte a Estados Unidos mediante un acuerdo comercial entre ambos países o intercambiarla por la que proviene del Río Colorado y se encuentra en la presa Hoover de Las Vegas, Nevada.

Dijo que desde hace años existe una conexión entre Tijuana y San Diego, por lo tanto pueden cruzar agua sin ningún problema, especialmente en caso de una emergencia.

Con más de tres millones de dólares invertidos, Gough W. Thompson mantiene un litigio con el resto de sus socios, lo que ha impedido la construcción de la planta, sin embargo, negó que el proyecto esté muerto y aunque desconoce por qué se han caído los financiamientos, considera que los proyectos serán retomados por Jaime Bonilla Valdez, toda vez que fue uno de los principales interesados.