La Federación Internacional de Derechos Humanos con sede en París, inició este martes un proceso contra México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por actos de corrupción, desaparición forzada y tortura cometidas en Coahuila entre el 2009 y 2016, incluyendo casos de la masacre de Allende y el Penal de Piedras Negras. 

La petición del proceso fue presentado por la FIDH en compañía del área de litigios estratégicos en derechos humanos del colectivo Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, así como la ONG, IDHEAS. 

Este proceso que fue presentado en Washington ante el Secretario Ejecutivo de la CIDH, incluye los 20 casos más emblemáticos que se registraron entre el 2009 y el 2016, y señalan al exgobernador interino de Coahuila Jorge Juan Torres López como posible perpetrador de violaciones graves contra los derechos humanos, en un contexto donde podría ser extraditado en Estados Unidos y no enjuiciado en México. 

“Frente a la falta de respuesta sobre la suerte y el paradero de sus seres desaparecidos, así como de investigación diligente y efectiva para llevar ante la justicia a los perpetradores, los familiares de víctimas han decidido acudir ante el Sistema Interamericano”, expresa la FIDH.

Asimismo, la petición ahonda en los posibles actos de corrupción que propiciaron el secuestro de las fuerzas públicas  por parte del cartel de los Zetas entre el 2009 y el 2012, por lo que también solicitaron a la CIDH que declare al Estado Mexicano como responsable de violaciones graves a los derechos humanos.  

“Incluye víctimas de la masacre de Allende, personas incineradas en el centro de detención de Piedras Negras controlado por el cartel de los Zetas, personas desaparecidas que fueron detenidas por la policía de Coahuila para luego ser entregadas a ese cartel, así como personas torturadas y desaparecidas por las fuerzas especiales de Coahuila”, expresó la FIDH.
 
Por último, la FIDH presentó como un contexto, que en Coahuila actualmente existen 800 cuerpos no identificados, y que de acuerdo al proceso del plan de exhumación estos tardarán hasta 20 años para ser identificados, además de que los laboratorios ya no están aceptando restos óseos localizados en fosas clandestinas de la entidad dado que el Estado no ha respetado debidamente la cadena de custodia.