Junto a diversas organizaciones de México, la Federación Interamericana de Derechos Humanos con sede en París, solicitaron que previo a la extradición del exgobernador interino Jorge Torres López, sea juzgado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de desaparición, tortura y homicidio. 

A través de su posicionamiento, la FIDH consideró que antes de su extradición, el exgobernador interino debe ser juzgado en México, toda vez que pudo estar involucrado en dichos crímenes considerados como de lesa humanidad. 

“Permitir que Torres López sea extraditado a Estados Unidos constituye una afrenta a los numerosos familiares de los centenares de desaparición forzada que ocurrieron en el 2011 en Coahuila. Ellos esperan que se haga justicia y poder acceder a la verdad sobre estos crímenes que constituyen crímenes de lesa humanidad”, posicionó la FIDH. 

Bajo esa tesitura la FIDH resaltó que durante su informe titulado “México: asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza”, se identificó la existencia de estos crímenes de lesa humanidad perpetrados por autoridades de seguridad coludidas con el cartel de los Zetas.

“Resulta paradójico que Torres sea requerido en otros países y que en su propio país, México, no haya ninguna investigación en curso en su contra”.

En ese mismo contexto, la FIDH agregó que resulta significativo que durante el 2011, cuando Torres López fue Gobernador interino, se hayan registrado los hechos conocidos como “la masacre de Allende”, donde hubo asesinatos y desapariciones que atentaron con una población de entre 60 y 300 pobladores.

“La evidencia identificada sugiere que Torres López estaba al tanto de lo que se preparaba en Allende, y que los Zetas contaron con la pasividad e incluso con la cooperación de las autoridades”, agrega.

Asimismo, resaltaron que durante la gestión de Torres López, quien ascendió a Humberto Moreira tras su petición de licencia, se suscitaron los hechos del Penal de Piedras Negras donde existen registros de que los Zetas lo utilizaban como un mando de operaciones, y fue ahí mismo donde al menos 150 personas fueron asesinadas, quemadas y disueltas en ácido. 

En ese sentido, la FIDH en coordinación con organizaciones de la sociedad civil en México, solicitó al Gobierno no extraditar a Estados Unidos a Torres López donde enfrentará un juicio por lavado de dinero, sin antes iniciar a la brevedad posible una investigación imparcial y eficaz por su colusión con los crímenes señalados.