El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se reunió ayer con sus principales colaboradores para intentar atajar la creciente crisis que envuelve a su gobierno tras la dimisión de dos ministras que han denunciado intentos de interferencias políticas para favorecer a una empresa.

Trudeau canceló la visita que tenía prevista para ayer a la ciudad de Regina (capital de la provincia de Saskatchewan, centro del país), para mantener “reuniones privadas” en Ottawa con sus colaboradores más cercanos.

El cambio en la agenda de Trudeau se produce después de que el lunes la ministra del Tesoro, Jane Philpott, sacudiera los cimientos de Ottawa cuando anunció de forma inesperada su dimisión por haber perdido “la confianza en cómo el gobierno” ha tratado las supuestas presiones sobre la ex ministra de Justicia Jody Wilson-Raybould.

La dimisión de Philpott se produce un mes después de la salida de Wilson-Raybould y a poco menos de una semana de que la ex ministra de Justicia acusara a Trudeau de intentos de interferencia. El desafío de las ministras, que eran consideradas dos de las personas más importantes del gabinete de Trudeau, continúa y obliga al líder del gobernante Partido Liberal a considerar con cuidado sus próximas decisiones. 

Una de las primeras es la conveniencia de expulsar a Wilson-Raybould y Philpott del partido, ya que las dos ex ministras no solo no han abandonado la formación política sino que han expresado su voluntad de seguir trabajando para la agrupación.

A pesar de la apariencia de normalidad que Trudeau y sus ministros intentan difundir, las dimisiones de Wilson-Raybould y Philpott y el escándalo que provocó sus renuncias, el intento de favorecer a la mayor constructora del país, SNC-Lavalin, están dañando la imagen del primer ministro.

SNC-Lavalin fue acusada en 2015 de corrupción por supuestos sobornos a funcionarios en Libia entre 2001 y 2011 para asegurarse contratos del gobierno del otrora hombre fuerte, Muamar Kadafi. De hallarse culpable sería inhabilitada por una década para trabajar contratos del gobierno (federal, provincial y a nivel local). La semana pasada, la oposición pidió la renuncia de Trudeau y el lanzamiento de una investigación federal para investigar los reclamos de Wilson-Raybould durante su testimonio del 27 de febrero pasado en la Comisión de Justicia de la Cámara de los Comunes.

Ahí dijo que Trudeau, uno de sus ministros y consejeros cercanos, le aplicó una presión “inapropiada”, incluidas las “amenazas encubiertas”, para intervenir en el proceso penal y que le acosaron para que se resolviera el caso fuera de tribunales. La ex ministra se negó y el juicio está por comenzar. Una encuesta publicada ayer, y a siete meses de que se celebren elecciones generales, señala que el Partido Liberal de Trudeau recibiría el apoyo del 31 por ciento de los canadienses, tres puntos menos que hace 15 días, y por debajo del 40 por ciento de los conservadores.