El “cerrojo” de la secrecía que se lleva en torno a los créditos obtenidos por la megadeuda está por ser vencido. El Partido Acción Nacional obtuvo un amparo en contra de la definición del Instituto Coahuilense y de Acceso a Información (ICAI) en la que se reservaba la lista de proveedores que se pagó con un empréstito por dos mil 500 millones de pesos. 

La Secretaría de Finanzas del Estado ha argumentado que transparentar esta lista puede dañar la estabilidad de Coahuila, con lo que se abre la posibilidad de dar mayor luz en los créditos que se obtuvieron durante las dos últimas administraciones públicas, de los gobernadores electos Humberto y su hermano Rubén Moreira. 

Bernardo González, líder estatal del PAN, confirmó en entrevista con VANGUARDIA que el Juzgado Primero de Distrito resolvió a su favor el juicio 1952/2015, por lo que llamó al ICAI a que “deje de estar haciendo trampa y diga si la información de la deuda es pública o privada”. 

“No tienen manera de explicar el destino de los recursos, hemos presenciado uno de los fraudes más grandes en la historia y es una vergüenza que un gobierno esté recurriendo a los órganos de transparencia para que lo protejan. El recurso es público, debemos de saber en qué se gasta, no hay pretexto para no saber en qué se gastó una deuda que tiene comprometidas a las generaciones futuras de los coahuilenses”, sostuvo el líder albiazul. 

Los dos mil 500 millones de pesos fueron solicitados en octubre de 2014, esto para cubrir adeudos pendientes con proveedores de la administración anterior que encabezó Humberto Moreira Valdés.

En un comunicado de prensa, el ICAI sostuvo que ya se le dio aviso a la Secretaría de Finanzas de Coahuila para que en un plazo de cinco días hábiles dé una respuesta. El Instituto de Transparencia tiene un plazo de 20 días, según el juzgado federal. 
‘Nadie se olvida de megadeuda’

Patricia Vargas Bryan, enlace de la sociedad civil para Gobierno Abierto, manifestó que en Coahuila a nadie se le ha olvidado el tema de la megadeuda, ya que todo el dinero se está destinando para pagarla.

“Es un descaro de las autoridades, porque aparte de que es deuda, se contrató ilegalmente, fue un fraude, se hizo de una manera ilegal, por ello se ha solicitado un desglose total de cuándo se adquirió y qué se ofreció como garantía, las instituciones financieras contratadas y los términos, montos y responsables de las partes”, señaló.
Vargas consideró que la sociedad no puede quedarse callada, ya que se necesita saber en qué se invirtió el dinero.