El dictamen de Ley de Comunicación que se discutirá en la Cámara es una simulación de la libertad de expresión y legaliza las malas prácticas existentes, advirtieron organizaciones, medios y periodistas en un comunicado.

Los 133 firmantes señalan que el dictamen no incluyó a todas las iniciativas presentadas por el colectivo #MediosLibres, sino solo retomó la iniciativa presentada el 13 de marzo por los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza.

“Este documento no atiende los problemas que supone la publicidad oficial como ser un mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales, la asignación discrecional de recursos públicos millonarios, su utilización para fines proselitistas o electoreros, entre otros”, señalan las organizaciones.

El dictamen será votado en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados este martes 3 de abril. Por ello las organizaciones y ciudadanos firmantes piden a los diputados no aprobarlo e iniciar una discusión abierta.

Estos son los cinco puntos que más preocupan a las organizaciones sobre el contenido de la iniciativa.

1. El predictamen incentiva el uso proselitista de la publicidad oficial. La iniciativa considera que las campañas de comunicación pueden tener como objeto la difusión de logros de los gobiernos y sujetos obligados abriendo la posibilidad de que esta se siga utilizando como una herramienta para promover figuras públicas y/o partidos políticos.

También hace posible la difusión de mensajes o campañas extraordinarios a los originalmente planteados en el Programa Anual de Comunicación Social sin señalar claramente el tipo de mensajes que podrían significar.

2.El predictamen sigue permitiendo la ineficiencia y discrecionalidad en el uso de los recursos.

La propuesta exenta de regulación a los pagos que se hagan a los medios de comunicación para publicar “disposiciones normativas, resoluciones y actos administrativos o judiciales y demás información sobre las actuaciones gubernamentales que deban publicarse o difundirse por mandato legal”.

Lo cual, dicen las organizaciones, fomenta la corrupción y el desvío de recursos de uno a otro concepto.

La falta de criterios de asignación de la publicidad oficial  representa una violación directa al artículo 7 de la Constitución y del 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

3. El predictamen centraliza más el control del gasto en publicidad oficial. De acuerdo a la propuesta, la Secretaría de Gobernación estará a cargo del Padrón de Nacional de Medios de Comunicación, además omite por completo la elaboración de controles descentralizados para vigilar y fiscalizar el uso de la publicidad oficial.
4. Ausencia de fomento al pluralismo y la diversidad. Las organizaciones señalan que la propuesta no cuenta con disposiciones que permitan promocionar la diversidad y el pluralismo de medios en el país.

5. El predictamen no propone transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y rating. Actualmente, dicen los firmantes, no hay indicadores disponibles ni confiables para medir el impacto de los medios, lo cual perjudica su monitoreo.

Esta es la lista completa de firmantes de la petición para que los diputados no aprueban en comisiones el dictamen.

AMARC