A finales del año pasado, Fundar y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicaron estudios por medio de los cuales se analizaba el ejercicio de los recursos económicos del año 2016 a nivel federal y estatal. Los resultados revelan una radiografía preocupante respecto a las partidas presupuestarias, destinadas para el pago y contratación de publicidad oficial de la administración pública federal y para el gobierno del estado de Coahuila, ambos con un sobreejercicio de más del 80 por ciento.

De acuerdo al estudio “Contar lo bueno cuesta”, el Gobierno Federal contó con un presupuesto aprobado para 2016 de $4,580,470.00 (cuatro mil millones quinientos ochenta mil cuatrocientos setenta pesos mexicanos) y ejerció un total de $10,698,890.00 (diez mil millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos noventa pesos mexicanos), lo que equivale a un 133 por ciento más de lo presupuestado; y según el “Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2017” en Coahuila se presupuestó para 2016 la cantidad de $528,500,000.00 (quinientos veintiocho millones quinientos mil pesos mexicanos) y se ejerció un total de $959,560,000.00 (novecientos cincuenta y nueve millones quinientos sesenta mil pesos mexicanos), lo que representa un sobreejercicio del 82 por ciento.

Derivado del gasto excesivo de los recursos públicos en el pago de publicidad oficial, el colectivo #MediosLibres, conformado por organismos de la sociedad civil y ciudadanos, suscribió las Bases Mínimas para la Regulación de la Publicidad Oficial, mediante el cual exhortan al Congreso de la República Mexicana a cumplir la obligación constitucional de regular la publicidad oficial derivado de la sentencia de la Suprema Corte de la Nación del 15 de noviembre de 2017, señalando los siguientes principios como ejes mínimos de cualquier propuesta regulatoria a aprobarse: 

1. La publicidad oficial no debe desaparecer, su uso debe transparentarse, limitarse y controlarse; 2. Una ley general completa, que impida el contenido propagandístico, así como la discrecionalidad y discriminación en la asignación, contratación y ejercicio de los recursos destinados al pago de la publicidad oficial; 3. Definir criterios de asignación basados en la idoneidad. Los Estados no deben asignar publicidad a medios de comunicación para premiar o castigar contenidos editoriales e informativos; 4. Máxima publicidad, el gobierno debe de publicar cuánto, cómo y en qué se gastan los recursos públicos, además de contar con un padrón nacional de proveedores; 5. Transparencia y Regulación de la Medición de Audiencia, Circulación, Visitas y Rating, a través del establecimiento de un sistema imparcial y externo de su medición para asegurar que la asignación de recursos se realice a partir de criterios técnicos; 6. Contenidos de utilidad pública y libres de promoción personalizada. La publicidad oficial no debe promover la imagen de los funcionarios públicos y no deben de existir excepciones a dicha prohibición establecida en el artículo 134 de la Constitución Mexicana; 7. La publicidad oficial debe ser siempre identificable. El ciudadano debe de poder identificar cualquier promoción de las autoridades como publicidad oficial; 8. Fomento a la pluralidad y la diversidad, se deberán establecerse políticas y destinar recursos para la promoción de la diversidad y pluralismo de los medios a través de ayudas indirectas o subsidios explícitos y neutros; 9. Mecanismos de control, es indispensable contar con controles externos de la publicidad oficial a través de la declaración de conflictos de intereses de los involucrados y la aplicación de sanciones administrativas; y 10. Uso racional de los recursos públicos. Se debe limitar el gasto; impedir el sobreejercicio; y usar de forma adecuada los tiempos oficiales. 

Como ciudadanos debemos de entender la necesidad de contar con partidas presupuestarias destinadas para el pago de publicidad oficial, esto es indispensable para lograr un mayor alcance e impacto social respecto a los programas gubernamentales. Dichas partidas no deben de ser asignadas de manera unilateral por el Ejecutivo y congreso en turno, deben de contar con criterios claros de asignación y de transparencia que nos permita conocer puntualmente el uso y pago de cada peso gastado en proveedores. El proceso de discusión y aprobación en el Congreso de la Unión es el momento clave para que nos involucremos en el trabajo legislativo, y exijamos a nuestras autoridades que cualquier regulación respecto a la publicidad oficial cuenta con la base mínima ya descrita, asegurarnos de su aplicación y respeto a través de sanciones administrativas que impidan el mal uso de los recursos públicos.

Juan Manuel Pérez Cuéllar, coordinador de Vinculación
Consejo Cívico de Coahuila
@juanmanuelpc
@CCICoah
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