La Comisión de Quejas y Denuncias del INE analiza aplicar una sanción económica a Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, y funcionarios del partido por el uso indebido del padrón electoral y del listado nominal en 2013.

Asimismo, la citada comisión del Instituto Nacional Electoral (INE) estudia dar vista a la Procuraduría General de la República (PGR) para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo conducente.

El 25 de junio de 2013, el entonces encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores dio vista al otrora Instituto Federal Electoral (IFE), según una nota publicada en un diario capitalino, en la que se denunció la existencia de una página de internet denominada buscadatos.com.

A través de ese medio se podían consultar presuntamente los datos de los ciudadanos mexicanos, con sólo ingresar su nombre completo.

El proyecto que se discute en sesión establece que a partir de la investigación por este caso, se advirtieron indicios suficientes para emplazar a Convergencia, al entonces representante ante la Comisión de Vigilancia del IFE, Adán Pérez Utrera, y al secretario de Organización y Acción Política, Ricardo Mejía Berdeja.

Así como a Fernando Domínguez Lozano, secretario particular de Mejía Berdeja, y a Óscar Ayala Romero, titular del área de sistemas, análisis documental y estadística electoral del partido, a fin de que comparecieran por el supuesto uso del padrón electoral en prejuicio de la inviolabilidad y confidencialidad de dicha denominación electoral.

"En el proyecto se propone declarar seguimiento en contra de Convergencia, de Adán Pérez Utrera, Ricardo (Mejía Berdeja) y Óscar Ayala Romero (…) a dicha cuenta de que se tiene acreditado que el padrón electoral a nivel nacional, con fecha del 31 de octubre de 2010, le fue entregado a dicho partido político", establece el documento.

Además, "está demostrado que el padrón electoral que fue publicado en el portal de internet (buscadatos.com) corresponde únicamente al entregado a Convergencia en la fecha, y que no se le entregó a otro instituto político".

De igual forma, los hoy denunciados no demostraron haber realizado las diligencias suficientes para garantizar en todo momento la confidencialidad de la información contenida en 43 discos magnéticos que les entregaron, su paradero se desconoce a la fecha.

"Se propone poner a dichos denunciados (con excepción de Ayala Romero), la sanciones económicas (…) y dar registro a la PGR para que determine lo que es conducente", propone el proyecto que se analiza en sección privada por los integrantes de la comisión de quejas.