Los independentistas volvieron a salir hoy a la calle en Cataluña para protestar por el operativo policial que trata de paralizar el referéndum convocado de forma unilateral para el 1 de octubre por el Gobierno de la región del noreste de España.

Un día después de que la Guardia Civil española detuviera a 14 personas y efectuara 40 registros en diversas sedes del Ejecutivo catalán y de empresas privadas, los manifestantes se concentraron ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en Barcelona.

"La respuesta del Gobierno (español) ha sido indigna. Han sobrepasado las líneas, pero no vamos a dar ni un paso atrás", expresó allí el líder de la organización independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez. "La gente en las calles es nuestra única fuerza y la garantía de que el 1 de octubre votaremos", añadió.

Unas 40,000 personas salieron a protestar a las calles del centro de Barcelona por las detenciones y los registros de la Guardia Civil, según cifras de la Guardia Urbana.

A medianoche, la ANC y Ómnium Cultural, las dos entidades civiles que están detrás de las grandes movilizaciones secesionistas de los últimos años en Cataluña, pidieron a los manifestantes que se marcharan a casa y convocaron nuevas protestas para hoy.

Sin embargo, un grupo de personas quedó concentrado hasta altas horas de la madrugada a las puertas de la Consejería de Economía mientras en su interior los agentes continuaban los registros en su interior.

En la calle hubo momentos de tensión y altercados entre manifestantes y agentes de los Mossos d'Esquadra, la Policía catalana. No hubo detenidos pero sí algunos heridos, según medios. Varios vehículos de la Guardia Civil quedaron deteriorados y cubiertos por basura.

El Gobierno español dio hoy por desmantelada la logística de la polémica consulta del 1 de octubre, cuya convocatoria fue suspendida por el Tribunal Constitucional el pasado 8 de septiembre.

Además de detener a los presuntos organizadores de la votación -entre ellos algunos responsables del Gobierno catalán-, la Guardia Civil también se incautó en los últimos días de las papeletas, los carteles y otros materiales y documentos relacionados con el referéndum.

En una primera reacción, el Gobierno catalán aseguró que mantendrá la cita con las urnas para el 1 de octubre. "No vamos a dar un paso atrás", destacó el jefe del Ejecutivo regional, Carles Puigdemont.

Pero su "número dos", Oriol Junqueras, reconoció que las "condiciones hoy son diferentes" porque buena parte de su equipo "está detenido”.

En pleno choque de trenes, desde el Gobierno de Mariano Rajoy pidieron a las autoridades catalanas que renuncien al referéndum y que no pongan "en el precipicio a los catalanes", en palabras del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido.

El responsable de Economía, Luis de Guindos, señaló por otra parte en una entrevista en "Financial Times" que la recuperación económica de España da más margen para negociar nuevas condiciones económicas con Cataluña. "Una vez se descarten los planes de independencia, podemos hablar", dijo el responsable público al diario británico.