El Gobierno de Cataluña dio un paso decisivo en su desafío al Estado español al convocar un referéndum para decidir sobre la independencia de la región nororiental de España el 1 de octubre, una iniciativa que el Ejecutivo español considera ilegal.

"Cataluña decidirá democráticamente su futuro el 1 de octubre", dijo el jefe del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, tras la firma del decreto de convocatoria en una declaración institucional.

"Nadie tiene la autoridad ni el poder de incautarnos el derecho a decidir. No nos dejaremos desahuciar de la democracia", añadió ante una bandera de Cataluña y otra de la Unión Europea (UE).

La firma de la convocatoria del referéndum tuvo lugar después de una tensa sesión parlamentaria de casi 12 horas en la que se aprobó la llamada "ley del referéndum", una norma con la que los independentistas pretendían dar cobertura legal a la consulta.

El Gobierno central de Mariano Rajoy dejó claro que recurrirá la "ley del referéndum" ante el Tribunal Constitucional.

Incluso antes de la votación, el Ejecutivo dio ya un primer paso y pidió hoy al alto tribunal que frene actuaciones del "parlament" catalán contrarias a sentencias previas y que estudie una posible responsabilidad penal de quienes admitieron a trámite la ley. Entre ellos, la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell.

"No he pasado más vergüenza democrática en toda mi vida política", resumió "la "número dos" del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre la accidentada sesión vivida en el hemiciclo, interrumpida varias veces en medio de una crispación sin precedentes.

La polémica norma fue incluida a último momento en el orden del día del "parlament" y aprobada por la alianza independentista Junts pel Sí, que gobierna en Cataluña, y por el partido antisistema CUP tras una maratoniana sesión de casi 12 horas.

El procedimiento de urgencia elegido para aprobarla motivó ya desde la mañana airadas quejas de los diputados opositores, que a lo largo del día denunciaron diversas irregularidades en el procedimiento. Incluso los letrados del parlamento alertaron que la ley choca con el Constitucional, pero los independentistas ignoraron la advertencia.

"Están situando a este 'parlament' fuera de la legalidad", dijo la jefa de la oposición catalana, Inés Arrimadas, quien tras la aprobación de la "ley del referéndum" anunció una moción de censura contra el Puigdemont con la meta de convocar unos comicios regionales y evitar "un choque de trenes”.

Los diputados de Ciudadanos, el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y el Partido Popular (PP) de Rajoy se ausentaron en la votación de la "ley del referéndum" en señal de protesta.

Por el contrario, el bloque independentista rechazó cualquier irregularidad y defendió la ley aprobada: "Hoy no termina nada. Hoy empieza todo", dijo el líder parlamentario de Junts pel Sí, Lluís Corominas. "Es la respuesta a una situación injusta. Hablamos de derechos humanos y de los derechos fundamentales de los pueblos”.

La norma instaura "un régimen jurídico excepcional" para regular y garantizar el referéndum e incluye la pregunta que se planteará el 1 de octubre a los catalanes: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”.

Establece además que el resultado será vinculante. Si gana el "sí" a la independencia, se abriría "un proceso constituyente". En uno de sus aspectos más polémicos, la norma se presenta como "ley suprema" que prevalece sobre cualquier otra que la contradiga.

La convocatoria del referéndum y el rechazo del Gobierno central abre lo que algunos analistas consideran la crisis institucional más grave de las últimas décadas en España y plantea un escenario imprevisible para las tres semanas que restan hasta el 1 de octubre.

Mientras Puigdemont ha dejado claro que seguirá adelante con el plan soberanista pese las impugnaciones de la Justicia, el Gobierno de Rajoy insistió en que tiene "todo preparado" para impedir la consulta, pero no aclaró aún con qué herramientas lo hará.

Una vía posible es la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que en una situación extrema permite adoptar "las medidas necesarias" para hacer que una Comunidad Autónoma cumpla con sus obligaciones e incluso intervenir parte de sus competencias.

Otra es acudir a la Ley de Seguridad Nacional, que busca "proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos". Aplicada al caso catalán, permitiría al Estado nombrar funcionarios que asuman el control de la Policía regional y los empleados públicos e incluso sustituir a funcionarios políticos.