En estos días dramáticos para España golpeada por el terrorismo yihadista han resurgidos los rencores incurables entre el gobierno de Madrid y el de Cataluña. También en estas horas de dolor nacional por las víctimas de la Rambla.

En estos días, en España se discute sobre la oportunidad de posponer el referéndum sobre la independencia de Cataluña de Madrid, previsto para el primero de Octubre (y no ha sido reconocido por el gobierno).

El gobierno central dirigido por el conservador Mariano Rajoy, ha declarado que no autorizará el voto, que ha definido de “anticonstitucional”, no enviará las urnas y hará lo imposible para que ocurra.

“Es una cuestión de democracia. Hemos sido electos en este mandato, no podemos traicionar a los electores”, replica  Carles Puidgemont.

Según los últimos datos de la Cámara de Comercio de Barcelona, los 7.5 millones de catalanes representan el 16% de la población de toda España, producen el 19%  del PIB nacional y pagan el 21% del total de los impuestos. El retorno es de 8.9% de la inversión pública, que según Puidgemont, se reduce a la mitad si nos fijamos en los proyectos financiados.

“¿Usted piensa que esto es el signo de un estado que nos ama o contra nosotros? Sólo pedimos un futuro para nuestros hijos” declaró Puidgemont.

La única cosa que podría detener su determinación es su remoción del poder por parte del Tribunal Constitucional, una posibilidad prevista por la legislación española.

En marzo pasado, su predecesor Artur Mas fue condenado a una suspensión de dos años de la vida pública por violar la ley a partir del 2014, en el proceso para una consulta.

Cientos de otros políticos catalanes, entre ellos el presidente del Parlamento Carme Forcadell, están siendo juzgados por delitos similares. Tal vez por eso el consenso por la independencia está creciendo.

Si durante décadas estaban limitados al 15% y 20% de los catalanes, después de la decisión de 2010 partidarios de la independencia han crecido a más del 30% en 2015 y alcanzando el máximo histórico del 48.5%.

Según los datos a disposición del gobierno catalán, el 67% de la población está a favor de la votación, incluso si el gobierno central no lo autoriza.

Con información de AGI