La crisis institucional más grave de las últimas décadas en España entró hoy en una semana decisiva que podría acabar con la declaración unilateral de independencia el jueves en Cataluña y la intervención de la autonomía de la región por parte del Estado central un día después.

Son los dos pasos extremos que Madrid y Barcelona intentaban evitar con la esperanza de encontrar una salida negociada a la crisis. Con todas las vías de diálogo cerradas, ambas partes avanzan ahora hacia el "choque de trenes" temido desde hace meses: un escenario de conflicto frontal con consecuencias imprevisibles.

La situación siguió hoy su escalada cuando el "Parlament" catalán convocó un pleno extraordinario en el que podría declarar la independencia el jueves. La cita llega un día antes de que el Senado español apruebe la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con el que Madrid quiere relevar al Ejecutivo catalán, entre otras medidas, y frenar así su plan secesionista.

El presidente del "Govern" en Barcelona, Carles Puigdemont, había pedido convocar ese pleno horas después de que el Gobierno de Mariano Rajoy anunciara este sábado la intervención de la región, un paso inédito en 40 años de democracia.

"Las instituciones catalanas y el pueblo de Cataluña no podemos aceptar este ataque", criticó Puigdemont en un mensaje televisado. Aunque no aludió a una declaración de independencia unilateral (no aceptada por España) en el pleno, todas las fuerzas que lo apoyan piden dar ese paso como respuesta a la aplicación del artículo 155.

"Hay que plantear todas las iniciativas y acciones jurídicas necesarias para defenderse", coincidió hoy el jefe parlamentario de la coalición gobernante Junts pel Sí, Lluís Corominas, sin dar más detalles: un secretismo habitual en el proceso soberanista para evitar que la Justicia frene de antemano medidas unilaterales.

El efecto concreto de la declaración de independencia sería limitado. No se espera que ningún país reconozca una "república catalana independiente". En cambio, podría costar caro a Puigdemont: el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, adelantó el fin de semana que prepara para ese caso una denuncia contra el "president" por rebelión, un delito penado con hasta 30 años de cárcel.

En otro hito de la semana, Puigdemont quiere al parecer ejercer su derecho de presentar alegaciones ante el Senado antes de que se apruebe el artículo 155, aunque por el momento no se fijó fecha para esa comparecencia. El Senado aclaró que debería ser el mismo jueves.

El Gobierno catalán abrió una crisis sin precedentes organizando un referéndum soberanista el 1 de octubre pese a que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional español, que luego lo declaró nulo e ilegal.

Basándose en la amplia victoria del "sí" a la ruptura con España (los partidarios del "no" boicotearon la consulta), Puigdemont anunció la independencia hace dos semanas en el Parlamento regional, pero la suspendió de inmediato para pedir diálogo con Madrid.

Tras dos pedidos de rectificación no atendidos por Puigdemont, Rajoy anunció el sábado la aplicación del artículo 155, que permite a un Gobierno tomar "las medidas necesarias" para forzar a una región a cumplir la ley. Un paso arriesgado para el que se aseguró el apoyo del rey Felipe VI, de parte de la oposición y de sus socios europeos.

La Constitución establece que el plan debe ser aún aprobado por el Senado, la Cámara alta responsable de la representación territorial, donde el Partido Popular (PP) de Rajoy tiene mayoría absoluta y sumará además los votos de los socialistas del PSOE y los liberales de Ciudadanos.

Entre las medidas acordadas por el Gobierno está la destitución del Gobierno catalán al completo y la convocatoria de elecciones en la región en un plazo de seis meses. También se espera que tome el control de la Policía regional (los Mossos d'Esquadra) o de la televisión autonómica TV3.

"El sábado pondremos en marcha las medidas con el fin de preservar la autonomía", adelantó hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en una entrevista en televisión. La intervención comenzará de forma gradual, seguramente con el control de las finanzas regionales.

El artículo 155 indignó a los sectores independentistas, que lo calificaron de "agresión" y "golpe de Estado", por lo que se espera una semana tensa también en las calles. La Candidatura de Unidad Popular (CUP), el partido antisistema que apoya al Gobierno de Puigdemont, convocó hoy a una "lucha no violenta" toda la semana.

El domingo se celebrará también una marcha opuesta en Barcelona "a favor de la democracia, la convivencia y el diálogo dentro de la ley" convocada por Sociedad Civil Catalana, la entidad que reunió a cientos de miles de personas en las calles de la ciudad hace dos semanas a favor de la unidad con España.