El gobierno de Chihuahua interpuso un recurso de reclamación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el acuerdo del ministro Luis María Aguilar Morales, quien la semana pasada desechó la petición del gobernador Javier Corral, quien se niega a entregar a un juez federal a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general del CEN del PRI, así como a dos priistas más.

La semana pasada, el presidente de la Corte dejó claro que el recurso de revisión que promovió Corral, a través del consejero jurídico, era notoriamente improcedente. En su acuerdo, el ministro puntualizó que “las sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno y deben ejecutarse a la brevedad, tomando en cuenta que se trata de determinaciones que constitucionalmente son definitivas e inatacables”.

En su acuerdo, el ministro puntualizó que “las sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno y deben ejecutarse a la brevedad, tomando en cuenta que se trata de determinaciones que constitucionalmente son definitivas e inatacables”.

Aguilar Morales dio un plazo de tres días a las autoridades de Chihuahua para informar el estado en que se encuentra la sentencia del Tribunal Colegiado que ordenó que los priistas sean juzgados por un juez federal. Tras conocer la noticia, Jorge Espinoza Cortés, consejero jurídico de Chihuahua, anunció que impugnarían la decisión. “...no estamos de acuerdo en porque no lo admiten, porque no estudian el fondo, cuando es una cuestión que debe ser estudiada por la SCJN y vamos a presentar un recurso en contra de este acuerdo”, expresó.

Funcionarios judiciales mencionaron que el recurso de reclamación ya fue presentado por el consejero jurídico, pero éste aún no es turnado a un ministro de la Corte, quien deberá pronunciarse sobre el tema.

El gobernador Javier Corral busca dejar sin efecto la decisión del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que en abril pasado ordenó poner a disposición de un juez federal de la Ciudad de México a los priistas Antonio Enrique Tarín García, Alejandro Gutiérrez y Gerardo Villegas Madriles, quienes fueron colaboradores de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, acusados de un presunto delito de peculado por 250 millones de pesos.

Javier Corral ha manifestado que se busca “cubrir con el manto de la impunidad” los delitos cometidos por Gutiérrez y por los demás priistas, para que sólo sean juzgados por la justicia federal.