Más allá de los muros físicos, la política de control fronterizo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, coloca ante un "muro de crueldad" a quienes buscan asilo huyendo de la violencia, afirmó hoy Amnistía Internacional (AI).

En el informe "Enfrentando muros: Violaciones de los derechos de solicitantes de asilo en Estados Unidos y México", AI denuncia el "círculo letal" al que están expuestas decenas de miles de personas, en su mayoría de Honduras, El Salvador y Guatemala.

"Ya lleva años siendo un sistema que viola el derecho internacional, pero la diferencia con Trump es la escala con la que quiere implementar estas medidas, el despilfarro de dinero que quiere usar para hacerlo y que las medidas van acompañadas de un discurso de odio", dijo a dpa Madeleine Penman, investigadora para las Américas de AI.

El informe señala que Estados Unidos pone obstáculos al proceso de solicitud de asilo, mientras que el Gobierno mexicano desempeña un importante papel en la detención, deportación y devolución de miles de personas a situaciones de peligro.

México "toma el papel de ser el agente migratorio número uno de Estados Unidos", afirmó Penman.

El documento advierte que la orden ejecutiva firmada por Trump el 25 de enero sobre seguridad fronteriza viola el derecho internacional al permitir retornos forzados y la detención de solicitantes de asilo y familias por tiempo indefinido durante varios meses.

"Los datos indican que las políticas de mano dura de control fronterizo no impiden que la gente migre o huya de su país, sino que la condenan a seguir unas rutas más precarias y fortalecen las redes delictivas violentas que alimentan el tráfico de seres humanos", añade el texto.

AI pide al Congreso estadounidense aprobar legislación que anule la orden ejecutiva de Trump y negar la asignación de fondos para la detención de solicitantes de asilo, familias y menores en centros de detención para inmigrantes.

Con respecto a México, el texto identifica algunos progresos, como una mayor tasa de otorgamiento de asilo a centroamericanos y la búsqueda de alternativas a la detención para los solicitantes de asilo mientras esperan una resolución.

Sin embargo, señala que hasta la mitad de las personas que entran irregularmente al país podrían tener derecho a protección internacional, pero no son informadas por las autoridades.