Torreón, Coahuila.- Todo el que cometa un homicidio debe estar en la cárcel, fue todo lo que respondió el gobernador Rubén Moreira Valdez en torno a la sentencia de 170 años de prisión que recibieron dos hombres originarios de Matamoros, Coahuila por el asesinato de cinco personas en 2013.

Los sentenciados son Juan Andrés Rocha Torres y Ricardo Muñoz Vázquez, quienes se desempeñaban como policías en el municipio lagunero.

Muñoz Vázquez está casado con una hermana de Manuel “El Mono” Muñoz, detenido en España, por sus presuntos vínculos con el grupo delictivo de Los Zetas y quien está a la espera de una orden de extradición a Estados Unidos.

Autoridades de la Procuraduría de Justicia del Estado informaron que la sentencia la impuso el juez penal por el delito de homicidio, luego de que los encontraran culpables por las muertes de cuatro hombres y una mujer, a quienes se identificó como Oyuki Carrillo Medina, de 25 años, con domicilio en Matamoros; Jesús Gilberto Arredondo Jáquez, de 21 años, con domicilio en Matamoros; José Alfredo Favela Reyes, de 28 años de edad, de Matamoros; Alan Ricardo Vela Vázquez, de 22 años, comerciante y con domicilio en Matamoros; y Jonathan Albino Villarreal Ríos, de 27 años, un estudiante que vivía en Torreón.

El gobernador dijo que todos los homicidios de mujeres, por protocolo, en Coahuila se inician investigándolos como feminicidio, ya que si en el proceso del juicio se aclara que es otro el delito, sencillamente solo se rectifica.

En esta política que se aplica en el estado, dijo que ayer se dictó una sentencia por feminicidio, pero no especificó dónde.

MIGRANTES

Por otra parte, el gobernador, en la entrevista que concedió, dijo que Coahuila espera un flujo masivo de migrantes centroamericanos y del sur del país, por el miedo a medidas de la Patrulla Fronteriza ante la toma de protesta de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.

Explicó que este movimiento migratorio es anormal, ya que los migrantes no se arriesgan a cruzar la frontera con temperaturas por debajo de los ceros grados, lo que podría convertirse en una crisis humanitaria.

En lo que refiere a la posible deportación de tres millones de indocumentados con antecedentes penales, el mandatario estatal aseguró que su gobierno posee cierta experiencia, dando de ejemplo que la semana pasada se deportaron por Coahuila a cinco mil personas, a los que se apoyó para regresar a sus lugares de origen.

Consideró que hay tiempo para elaborar una estrategia para recibir a los deportados, pero por lo pronto pedirá a la Conferencia Nacional de Gobernadores que los deportados ingresen por la frontera más cercana a sus lugares de origen, lo que implicará la apertura de todos los cruces, incluyendo los de Chihuahua que fueron cerrados en el Gobierno Federal de Felipe Calderón a las deportaciones por la inseguridad.