El gobierno federal indaga, mediante el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, las fuerzas armadas y la Procuraduría General de la República (PGR), a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de detectar que el robo de combustible no solamente ocurre en los ductos, sino en los centros de distribución en cantidades que podrían llegar a mil 500 barriles semanales —240 mil litros— y que son destinados de manera ilícita a compañías que utilizan grandes cantidades de combustibles como diesel y gasolina.

Funcionarios del gabinete de seguridad revelaron que el cierre de ductos en Puebla, Veracruz, Tlaxcala y de Sonora a Sinaloa, así como el cambio de administración de la terminal de Salamanca, han generado que las poblaciones y grupos que antes se dedicaban al huachicoleo aumenten la violencia y ahora obtengan recursos con el robo a trenes de carga.

Ante el incremento del robo de hidrocarburo en diversas zonas del país, con daños superiores a 20 mil millones de pesos, las autoridades federales y Pemex comenzaron a trazar una estrategia para documentar la pérdida de combustibles en los ductos, la petrolera mexicana decidió cerrar ductos en el llamado Triángulo Rojo, que abarca municipios de los estados de Veracruz, Tlaxcala y Puebla, al igual que en el tramo que va de Topolobampo, Sonora, hasta Los Mochis, Sinaloa.

De acuerdo con la información obtenida, en el primer caso las comunidades que participaban del llamado huachicoleo y el grupo que dirige Roberto de los Santos, El Bukanas, integrante del cártel de Los Zetas, agregó a sus actividades ilícitas el robo de mercancías trasladadas en tren.

Asimismo, a esta organización se le responsabiliza de la violencia en comunidades cercanas a los puntos de extracción ilícita de combustible, como el ataque a trenes en la zona de Orizaba, Veracruz, y Puebla, donde se dejó de suministrar combustible a través de los ductos de Pemex.

En tanto, las fuentes consultadas refirieron que en la zona serrana de Sinaloa, el traslado de combustible a través de ductos fue suspendido debido al gran número de tomas clandestinas que eran controladas por integrantes del cártel de Sinaloa, principalmente por las células que dirigen los hermanos Alfredo e Iván Guzmán Salazar, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

En ambos casos, Pemex modificó su sistema de suministro y ahora se distribuye por carretera en pipas, con lo cual ha disminuido el número de casos en los cuales las bandas delictivas han atacado estas unidades.

Las fuentes consultadas señalaron que Pemex trabaja en el desarrollo de un nuevo sistema de ducto, que será menos vulnerable a la perforación ilícita y permitirá el traslado de hidrocarburos sin mantenimiento durante plazos que irían de los 20 a los 30 años.

En Guanajuato, entidad afectado por las disputas internas del cártel de Jalisco Nueva Generación, el jefe del Departamento de Seguridad Física de la refinería de Salamanca, el capitán Tadeo Lineol Alfonzo Rojas, fue asesinado a balazos el pasado 25 de enero, presuntamente por realizar acciones que afectaron el robo de combustible directamente en esas instalaciones petroleras.

Según los funcionarios entrevistados, en Salamanca se detectó que el traslado de combustible por ferrocarril también se vio afectado por la delincuencia, ya que sin existir ninguna normatividad para ello los vagones eran cargados con pipas en los límites de la terminal de Pemex y no dentro de ésta, lo cual no garantizaba que todo su contenido se vertiera en los tanques de los trenes y grandes cantidades se comercializaran posteriormente.