La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) envió hoy una carta abierta al presidente Enrique Peña Nieto, en la que expresó su preocupación por las recientes declaraciones públicas destinadas a “desprestigiar a las víctimas y al movimiento de derechos humanos” del país.
 
Esto después de que la presidenta de la asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda, acusara al director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara, de liberar criminales y conseguirles dinero a través de la Comisión de Ejecutiva de Atención a Víctimas.
 
Miranda denunció el “modus operandi” de ciertas organizaciones que defienden a secuestradores para ganar pleitos y pedir indemnizaciones, haciendo referencia al caso de los “cuatro civiles de Rosarito” -llevado por la CMDPDH-, en el que cuatro personas fueron detenidas de forma arbitraria y torturadas por militares.

En la carta, la FIDH dice temer que la reiteración de este tipo de declaraciones contra asociaciones y mecanismos por los derechos humanos formen parte de “una campaña de descrédito y criminalización en contra de estas”.
 
Con el fin, continúa el escrito, “de deslegitimar su labor en defensa de los derechos humanos y poner en duda estándares internacionales de rango imperativo, como la prohibición absoluta de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
 
A esto se le suma la “descalificación del trabajo de organismos internacionales de derechos humanos que llevan a cabo las autoridades mexicanas”.

En concreto, la FIDH se refirió al reporte que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó hace unas semanas, en el que pide a México que admita la “gravedad” de la crisis de derechos humanos en el país y al que el Gobierno respondió diciendo que “no refleja la situación general” y parte de “premisas y diagnósticos erróneos”
 
Reacciones como esta o las “descalificaciones” al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado para investigar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa “crean un terreno fértil para el señalamiento y estigmatización de víctimas y personas defensoras de derechos humanos”.

Por todo lo anterior, la FIDH pide que se reconozca públicamente la labor de la CMDPDH y de las organizaciones civiles, así como que las autoridades tomen medidas “para enfrentar la grave crisis de derechos humanos actual”.
 
En el caso de los “cuatro civiles de Rosarito” en particular, exigieron “el pleno reconocimiento y legitimidad de las víctimas” y que sean protegidas de todo ataque que ponga en duda su inocencia y “las exponga a la revictimización”, señala la carta.