Ciudad de México.– A los obstáculos presentados por la Procuraduría General de la República (PGR) al trabajo del Grupo Interdisciplinario de de Expertos Independientes (GIEI) que investiga el caso Ayotzinapa, se suma una campaña de desprestigio que el Gobierno federal no ha detenido.

Lo anterior fue denunciado por la coadyuvancia de la investigación y la representación de las familias de los estudiantes al término de una reunión con la Procuradora General Arely Gómez González.

Vidulfo Rosales, del Centro de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunció que los ataques contra los expertos – difundidos desde medios de comunicación- debilitan el trabajo de un grupo que ha contribuido a vigilar la actuación de la PGR.

Reiteró también que la observación internacional es necesaria para reforzar la investigación.

Sobre los obstáculos que la PGR pone al GIEI, Rosales denunció la falta de atención a 120 diligencias pendientes y que las familias consideran necesarias para el esclarecimiento del caso; entre éstas, decenas de entrevistas a policías, militares, políticos de la zona que han sido mencionados como directamente relacionadas.

Felipe de la Cruz, vocero de los familiares, informó también que ante la falta de resultados y la lentitud de la investigación están valorando la continuidad o no de las reuniones con la PGR.

Apenas hace dos días, la organización Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal interpuso una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) a Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH), por un supuesto fraude de al menos 2 millones de dólares obtenidos del Gobierno federal para la investigación del caso Iguala.

José Antonio Ortega Sánchez, presidente de la organización, denunció a Alvarez Icaza por su “conducta antisocial” en la investigación de la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, que el Código Penal Federal tipifica como delito cuando alguien “ [ha] engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”.

“En este caso las víctimas del engaño son el Gobierno federal y quienes somos contribuyentes mexicanos al fisco. El monto del fraude corresponde al dinero que el Gobierno mexicano ha entregado a la CIDH para cubrir los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, cuyos integrantes deberían ayudar al Gobierno de México en la localización de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 y en general la aclaración de los hechos criminales acaecidos en Iguala, Guerrero, el día mencionado y el siguiente.

A inicios de de este mes, dos de los cinco miembros del GIEI que investiga la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala instaron a la Unión Europea (UE) a que “apoye” su trabajo ante los obstáculos que está encontrando en México para esclarecer el suceso.

“Es importante mostrar apoyo al trabajo que hacemos. Los intentos de cuestionarnos personalmente o cuestionar sin ningún argumento concreto el trabajo que hemos hecho, son intentos de cerrar el espacio en la búsqueda de la verdad en el caso”, declaró en Bruselas a la prensa, el experto Carlos Beristáin.

Beristáin pidió que la UE revise las recomendaciones de sus informes sobre el caso Iguala de cara a “ver en qué medida pueden ser parte” también de su apoyo al trabajo del grupo.