Hoy en el Día Internacional contra la Corrupción, el abogado Gerardo Pérez Pérez, recuerda que hasta la llegada de Miguel de la Madrid al poder (1982-1988), no había ninguna secretaría o dependencia encargada de la fiscalización, rendición de cuentas o transparencia en México, de ahí la facilidad para corromper a las autoridades. El sexenio calificado como el más corrupto en el Siglo 20, fue el de Miguel Alemán (1946-1952). 

Para el también profesor de Derecho Constitucional en Coahuila, la corrupción es un tema vivo, vigente y de actualidad. Cuenta que después del sexenio de Miguel de la Madrid hubo intentos por continuar con el combate a la corrupción en México, aunque sin éxito.

“La postura de Miguel De la Madrid fue retórica, al inicio de su sexenio creó la Secretaría de Contraloría, una entidad diseñada para el control y para la sanción de las conductas de los servidores públicos. Hay sexenios en que la historia ha señalado con una enorme corrupción y uno de ellos es el Miguel Alemán”.  

Pérez Pérez atribuye un alto nivel de corrupción en esa administración a que, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, la economía mexicana y la industria presentaron un alto crecimiento en las ciudades, con amplios desarrollos de obra pública —escuelas, hospitales, carreteras— aunque sin legislaciones para vigilar el uso del recurso público. 

Pese a los intentos que han existido por los Gobiernos, explica el especialista, todos los partidos y niveles de Gobierno han atravesado por problemas de corrupción, de ahí que se trate de una conducta recurrente entre servidores públicos. 

-¿Cuánto cuesta en México?-
A finales de octubre pasado, Ricardo Anaya, presidente del PAN, dijo que la corrupción le podría costar a México hasta nueve puntos del PIB, el equivalente 1.5 billones de pesos o 45 veces el presupuesto de la UNAM todos los años —considerando que es la universidad más grande de América Latina y tiene más de 330 mil alumnos—. 

Mientras que Viridiana Ríos, directora general del observatorio “México Cómo Vamos”, asegura que un país corrupto genera incertidumbre para los negocios, pues se percibe que: “a los que les va bien son a los que son amigos del poder, y a los que están alejados de esa relación entonces no tanto. Por eso un sistema corrupto genera volatilidad para hacer negocios, porque no hay certeza en el retorno del capital sino para unos cuantos”. 

Gerardo Pérez Pérez confirma que Coahuila le ha quedado a deber a sus ciudadanos en el combate a la corrupción. 
“Hay mucho por hacer y eso está en el camino de estas tres actividades. Tenemos que hacer una gran labor de prevención, hacer una gran labor legislativa que no se ha hecho”. 

Delitos a perseguir
El Código Penal del Estado señala en el artículo 195 que por el delito de peculado se aplicarán de dos a ocho años de prisión, será destituido o inhabilitado del cargo cualquier servidor público que para beneficio propio disponga de dinero, valores o cualquier cosa que pertenezca a alguna entidad pública. 

El artículo 197 castiga por el delito de enriquecimiento ilícito a cualquier funcionario público que aumente sus bienes o patrimonio en desproporciones sin que acredite su legítima procedencia.  Cuando el enriquecimiento no exceda el equivalente de tres mil veces el salario mínimo se castigará con uno o hasta cinco años de cárcel, una multa del beneficio que obtuvo y  la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público. 

Aunque si el monto excede más de tres mil veces el salario mínimo la pena será de dos a 10 años de cárcel. 

La negociación ilícita es castigada, según el artículo 199, con seis meses hasta ocho años de prisión al servidor público que otorgue contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias de los que tenga beneficios económicos.  Esta misma sanción es aplicada para el delito de tráfico y uso de influencias, citada en el artículo 200 del referido 

‘Quemados’ por corrupción
Aunque han sido varios los funcionarios públicos de Coahuila los involucrados en actos de corrupción por la megadeuda, algunos ya fueron enlistados por el Gobierno de EU como los mexicanos más corruptos de la última década. 

En febrero de 2012, Héctor Javier Villareal Hernández —extesorero de Coahuila en la administración de Humberto Moreira—fue detenido en Texas cuando llevaba 67 mil dólares que le fueron decomisados. Para ser liberado fue obligado a pagar una fianza de 20 mil dólares.

Dos años después, se entregó a las autoridades de ese Estado quienes lo declararon prófugo a finales de 2013. En el proceso legal le confiscaron una cuenta bancaria en Las Bermudas con dos millones 275 mil 544.41 dólares vinculados con lavado de dinero, corrupción, robo, uso de dinero del erario de Coahuila.

En agosto de ese año negoció con las autoridades de ese país y cedió seis millones 503 mil 541 dólares. Después de declararse culpable, en octubre del mismo año, quedó libre luego de entregar 8.8 mdd así como todas sus propiedades en el sur y el oeste de Texas, estimadas con un valor de 20 mdd. 

Jorge Torres López, exgobernador interino de Coahuila entre enero y noviembre de 2011 en sustitución de Humberto Moreira, tiene desde junio de 2014 una orden de arresto por lavado de dinero.

Desde hace tiempo que autoridades americanas congelaron 2.8 mdd depositados en una cuenta bancaria en Las Bermudas. También fueron confiscadas sus propiedades valuadas en 592 mil dólares.

A inicios de noviembre pasado, VANGUARDIA publicó que Jorge Torres López pidió declarar ante el Distrito Sur de Texas vía “control remoto” desde México, aunque esta propuesta le fue negada por la jueza de Distrito Janice Ellington, con sede en Corpus Christi, según la demanda civil 2:13-CV-294.

Análisis
> La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción hace un análisis a profundidad acerca de las causas, consecuencias y las maneras en que tiene que ser combatida:
> La primera recomendación es el establecimiento de medidas para prevenir y combatir la corrupción.
> La segunda es facilitar y disponer de medios legislativos que aseguren la recuperación de activos, bienes, dinero, propiedades, inmuebles, etcétera que tienen los servidores públicos bajo su administración o bajo su dominio.
> Y por último la obligación de rendir cuentas y transparentar la gestión pública.