En el periodo 2019-2020 fue resuelto un 20 por ciento de los procedimientos administrativos y penales que se iniciaron en Coahuila por hechos de corrupción, lo que muestra fallas en el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), a tres años de iniciar operaciones.

Conformado por siete entes públicos, el SEA empezó a operar en la entidad en el 2018, cuando se le asignaron recursos a través de su Secretaría Ejecutiva.

En términos generales, de los procedimientos que se iniciaron en el periodo 2019-2020 para sancionar presuntos hechos de corrupción ocurridos en Coahuila, ya sea por la vía administrativa o penal, solamente un 20 por ciento fue resuelto.

Además, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, más de 12 millones 272 mil pesos involucrados en hechos de corrupción fueron recuperados, cuando en realidad en Coahuila más de mil millones de pesos están inmersos en las denuncias que tiene vigentes la Auditoría Superior del Estado en contra de los 38 municipios de la entidad.

Los municipios, por su parte, reportaron que sancionaron a 165 servidores públicos, aunque no revelan en qué términos, y que recuperaron casi 521 mil pesos de presuntos daños al erario.

Por otro lado, de acuerdo con el Informe 2019-2020 del Sistema Anticorrupción de Coahuila, en este periodo la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción (Anticorrupción) consiguió la conclusión de 22 carpetas de investigación.

“Ello significó que 54 resarcieran el daño, además se judicializaron 11 carpetas de investigación, alcanzando en 600 por ciento de productividad, con 31 servidores públicos llevados ante una sede judicial”, señala el Informe.

Sin embargo, la Auditoría Superior del Estado ha interpuesto más de 280 denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción y hasta la fecha no existe ningún funcionario en la cárcel por algún delito relacionado con la hacienda pública o corrupción, aunque sí existen alcaldes y otros funcionarios con procedimientos judiciales que están llevando en libertad.

En cuanto al Poder Judicial se habla de que el Consejo de la Judicatura, que funciona como órgano sancionador, inició 66 procedimientos y concluyó 47, pero estos datos se refieren únicamente a integrantes del Poder Judicial que fueron denunciados y a quienes se les inició un procedimiento.

En el Poder Judicial, por ejemplo, siguen pendientes los temas de la inversión fallida en Ficrea y las irregularidades de juicios ante beneficiarios del Infonavit; en ambos casos no hay sanciones aún.

El Consejo de Participación Ciudadana recibió quejas y denuncias sobre presuntos hechos de corrupción, de acuerdo con el Informe de este año, pero no hay cifras, y sólo se señala que se canalizaron a cada área correspondiente y los temas fueron salud, sindicatos, educación, desarrollo urbano, y seguridad pública. La información tampoco especifica a cuál orden de gobierno pertenecía cada denuncia

Los siete organismos que integran el SEA concentran un presupuesto global de mil 300 millones de pesos, aunque no todos esos recursos están destinados al combate a la corrupción.