CDMX.- Con la llamada guerra contra el narcotráfico la Procuraduría General de la República (PGR) utilizó de manera indiscriminada la figura de testigo protegido para acusar a servidores públicos de nexos con los cárteles, pero al no tener un sustento ante los juzgados las investigaciones se vinieron abajo.

En los primeros seis años de esa lucha la procuraduría gastó poco más de 101 millones de pesos para cubrir los gastos de 379 testigos y en los siguientes años, con el cambio de administración, la entonces titular de la PGR, Arely Gómez, depuró la lista y sólo se dejó a 11 de los testigos protegidos sin que se conozca el pago ni los nombres de los que aún sirven a la dependencia para sus investigaciones.

La presencia de los testigos para emprender investigaciones provocó que se destaparan acusaciones e investigaciones dentro de la Policía Federal, se involucró a funcionarios de primer nivel dentro de la misma PGR e incluso en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Para María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, se dio un mal uso a quienes se acogían a ese programa y eso dio pie a tener graves problemas en las investigaciones.

“Usaron mal la figura del testigo protegido. Se supone que lo que hace es dar información que la PGR debe verificar antes de ponerla en una averiguación; no podemos pensar que un testigo vaya a decir la verdad, todo tiene que estar sustentado en pruebas”, señaló.

Mencionó que el sistema de seguridad y justicia es “una vergüenza”, por lo que espera que con el nuevo sistema de justicia penal se solucionen esas deficiencias, “pero no se va a lograr si no hacemos que el ministerio público logre tener los conocimientos necesarios para armar un buen caso”.

Advirtió que de seguir en la misma línea “vamos a seguir con miles de muertos, desaparecidos, desplazados y el dolor de las familias que se queda por generaciones”.

Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad, indicó que la figura de testigo protegido es útil para obtener información y desmantelar redes criminales.

Con Felipe Calderón la instrucción fue depurar las instituciones, tanto a la Procuraduría como la Policía Federal, puesto que se detectó que algunos funcionarios de alto nivel brindaban protección a cárteles mexicanos, pero con la Operación Limpieza en 2008 también comenzaron las traiciones.

Lista de testigos
El hecho más reciente fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que dejó al descubierto que presidentes municipales y policías sirven a organizaciones del crimen organizado que se disputan el estado de Guerrero. 

Es el caso en el que se tiene registro de más detenidos (131), entre ellos el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, identificados como los cerebros financieros de Guerreros Unidos. 

Entérese:
> De acuerdo con datos de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, durante la administración de Arely Gómez la dependencia sólo tenía en lista a 11 testigos.
> En mayo de 2012 las acciones ahora fueron contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por sus presuntos nexos con el cártel de Los Beltrán Leyva.