España podría vivir esta semana un hito histórico si el Gobierno catalán de Carles Puigdemont confirma que declaró la independencia y el Estado central interviene en la región para frenar el desafío secesionista. Sería un paso inédito y polémico que exige aplicar el artículo 155 de la Constitución. Cinco claves:

¿Qué dice el artículo 155?

El artículo de apenas dos apartados y menos de cien palabras permite al Gobierno "adoptar las medidas necesarias" para obligar a una Comunidad Autónoma "al cumplimiento forzoso" de sus deberes con la ley y la Constitución en caso de que esté incumpliéndolos.

Estipula también el mecanismo para aplicarlo: el Gobierno debe enviar un requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma en cuestión y, en caso de no ser atendido, aprobar las medidas con mayoría absoluta en el Senado (Cámara alta).

¿Por qué podría aplicarlo el Gobierno esta semana?

El Ejecutivo de Cataluña organizó un referéndum soberanista el 1 de octubre pese a que el Tribunal Constitucional lo había suspendido por violar diversas normas, incluido el artículo 2 de la Constitución, que consagra la "indisoluble unidad de la Nación española”.

Sin embargo, fue otro paso el que decidió a Madrid a iniciar el trámite del artículo 155: la declaración unilateral de independencia proclamada -y suspendida de inmediato- el martes pasado por el jefe del Gobierno catalán, Carles Puigdemont.

El Gobierno de Mariano Rajoy envió el miércoles a Puigdemont el requerimiento prescrito en el artículo, primer paso para aplicarlo. El líder catalán debe responder hasta este lunes si declaró la independencia y, en ese caso, rectificar hasta el jueves. Si no lo hace, Rajoy terminará de aplicar el artículo 155.

¿Qué quiere hacer el Gobierno en Cataluña con el artículo 155?

Las posibilidades que ofrece el 155 son difusas, en parte porque no existen precedentes de su aplicación y en parte por la ambigüedad de su redacción, que solo habla de "medidas necesarias”.

El Gobierno podría intervenir autoridades regionales puntuales, suspender sus competencias o reemplazarlas. Los constitucionalistas coinciden en que el 155 no permite en cambio suspender la autonomía de Cataluña ni desplegar el Ejército en la región.

El líder del Partido Popular (PP) de Rajoy en Cataluña, Xavier García Albiol, pidió usarlo para intervenir la Policía autonómica de Cataluña (Mossos d'Esquadra) y las escuelas, en donde "se educa para odiar a España", acusó.

En la práctica, sin embargo, los analistas creen que el objetivo principal del Gobierno de Rajoy con el artículo 155 será instalar un Ejecutivo de transición y convocar elecciones en Cataluña, una competencia que de otro modo corresponde al Gobierno regional.

¿Qué precedentes hay?

España no tuvo que recurrir nunca al artículo 155 desde la aprobación de la Constitución en 1978. El Gobierno del socialista Felipe González fue el único que amenazó con ponerlo en marcha en 1989 por una disputa fiscal con las autoridades de Islas Canarias, pero su sola mención bastó para destrabar negociaciones que zanjaron el tema.

El artículo, sin embargo, no es una invención española. Se inspira en la figura de "coerción federal" incluida en el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn de 1949. Alemania tampoco tuvo que aplicarlo nunca.

Otros países incluyen en sus normas básicas mecanismos para que el Gobierno central intervenga en una región que desobedece la ley, como el artículo 100 de la Constitución austriaca, el 126 de la italiana o el artículo 75 de la argentina.

¿Por qué es polémica la aplicación del artículo 155?

En uno de los países más descentralizados de Europa, fuerzas nacionalistas y de izquierda rechazan el artículo como un golpe que da por terminado cualquier diálogo posible y vulnera la autonomía de Cataluña, un punto que sin duda será explotado por los partidos independentistas como ejemplo de la supuesta "opresión" del Estado.

Rajoy esperó por eso hasta el último momento para aplicar el artículo y trabajó para contar con "el mayor consenso posible", pese a que podía hacerlo solo con su Partido Popular (PP), que tiene mayoría absoluta en el Senado.

El paso fue apoyado por el jefe de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, y por los liberales de Ciudadanos, cuarta fuerza del país. Los tres grupos suman 250 de los 350 escaños en el Congreso.

También el rey Felipe VI pidió al Estado asegurar "el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones" frente a quienes pretenden "quebrar la unidad" del país, un apoyo directo a cualquier medida del Gobierno.