Por Sandra Rodríguez Nieto (SinEmbargo)

Ciudad de México, 15 de enero.– A la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le corresponde vigilar el nivel de endeudamiento en los estados.

De acuerdo con el Manual de Organización General de la SHCP, es ésta dependencia del Gobierno federal la encargada de “conducir el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, mediante el diseño, aplicación y supervisión de las políticas relativas al registro, seguimiento y cancelación de las obligaciones y empréstitos de las entidades federativas y municipios”.

También, “asesorar a las entidades federativas y municipios en el diseño e instrumentación de (…) deuda y gasto público”.

La titular de esta dependencia, desde enero de 2013, es la contadora pública Marcela Andrade Martínez, cuyo trabajo inmediato anterior fue la firma Evercore Partners, antes Protego, donde, de acuerdo con su declaración en el Registro de Servidores Públicos, laboró entre mayo de de 2007 y noviembre de 2012.

Protego es también la oficina en la que trabajó desde 1998 y hasta 2005 el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, desde el pasado miércoles nuevo Secretario de Relaciones Exteriores.

En 2007, ya fusionada con Evercore, Protego trabajó en entidades como Michoacán, donde hizo una “bursatilización del Impuesto estatal a la nómina” por tres mil 500 millones, así como un refinanciamiento por otros dos mil 570 millones, según la lista de “transacciones” disponibles en la página electrónica de la firma.

La misma indica que Protego realizó ese año también “financiamiento de largo plazo” en el Estado de Tabasco, por 4 mil millones de pesos, entre otras operaciones.

El 29 de noviembre de 2012, Evercore firmó con el Gobierno de Puebla ­–a cargo del panista Rafael Moreno Valle­– el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago Número 144, para que el Ejecutivo estatal contara con un “mecanismo de administración y fuente de pago de las obligaciones a cargo del estado derivada de proyectos”.

Por las responsabilidades de la UCEF, el abogado Rodrigo Díez Gargari, que investiga el tema de las deudas en los estados y obtuvo el contenido del Fideicomiso poblano, ha solicitado en diferentes ocasiones a Andrade una lista de los proyectos de refinanciamiento estatal en los que hubiera participado como empleada de Evercore.

El motivo, señaló el abogado, es determinar los probables conflictos de interés en los que podría incurrir la funcionaria que ahora es la autoridad calificadora de las deudas generadas en las entidades federativas.

“Marcela Andrade Martínez trabajó como subdirectora de Finanzas Públicas en Evercore Partners. La información que necesito es la lista de todos los proyectos de financiamiento, refinanciamiento o reestructura de deuda estatal en la que haya participado como subdirectora de dicha empresa (incluyendo nombre del Estado y monto de la operación)”, escribió Díez en la solicitud hecha el 22 de septiembre pasado, a través del sistema Infomex.

“Para efectos de obtener la información que requiero, les aclaro que me refiero a todas las asesorías que brindó Evercore Partners (Protego) para endeudar a los Estados y que el término ‘deuda’ se deberá entender en los términos más amplios”, agregó la solicitud.

Díez Gargari hizo solicitudes de información similares con respecto a Videgaray, que entonces todavía era titular de Hacienda, y sobre el hoy ex ex Subsecretario Fernando Aportela Rodríguez, también ex empleado de Protego/Evercore.

Hacienda, sin embargo, respondió no haber encontrado información en sus archivos sobre estas relaciones y, también, que eran datos anteriores al periodo en el que los mencionados habían asumido el servicio público.

Sobre Evercore, la SHCP respondió que “los ordenamientos legales que regulan la inscripción de las obligaciones de los estados en Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios (…) no establecen como requisito presentar a esta Unidad Administrativa la documentación relativa a quiénes son los asesores que participan en los proyectos de financiamiento, refinamiento o reestructura de la deuda estatal”.

El abogado Díez Gargari, en cuyo despacho se representa por separado a la empresa Infraiber en su disputa contra la constructora española OHL, es también autor de la investigación académica titulada “El Régimen de Deuda Pública local a la luz de las decisiones del poder Judicial de la Federación”, publicada en 2015.

LA PETICIÓN A MARCELA ANDRADE

De este análisis es parte también la solicitud de información gestionada ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla, que después de dos años le entregó una copia del Fideicomiso 144.

Por eso, mencionó Díez, ante la negativa de Hacienda de revisar cada Fideicomiso estatal de reestructura para saber en cuáles participó Evercore, lo que hizo en noviembre pasado fue dirigir una solicitud de información a Marcela Andrade, única de los tres que queda en la SCHP.

“Vemos esta conexión”, dijo Díez entrevistado por este diario digital. “Y lo más grave es que estas personas podrían estar revisando estas deudas públicas, lo cual es un conflicto de interés; es como auditarme yo solo. Entonces, como ella estaba en Protego-Evercore, la pregunta específica es si cuando trabajaba ahí, se realizaron proyectos de refinanciamiento en estas deudas públicas”, agregó.

La solicitud fue entregada a la Oficialía de Partes de la SHCP con base en el derecho de petición garantizado por el artículo Octavo Constitucional y, también, dijo Díez, a la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública. Hasta el pasado 16 de diciembre, informó el abogado, ninguna había sido respondida.

Este medio también ha solicitado información a la Secretaría de Hacienda, sin que hasta el momento haya respuesta.

El pasado lunes 26 de diciembre, SinEmbargo publicó que, desde 2002, la empresa fundada en 1996 por el ex Secretario de Hacienda del sexenio de Carlos Salinas, Pedro Aspe Armella, ha participado como asesor o promotor de créditos y refinanciamientos en diferentes entidades federativas, entre ellas Coahuila, Chihuahua, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Durango, Tabasco y otras.

“Al menos cinco de las entidades mencionadas empezaron a tener problemas de deuda con los años. [Humberto[ Moreira había recibido 323.2 millones de pesos y para su último año completo en el Gobierno, 2010, la deuda era ya de 8 mil 267 millones de pesos, y de 36 mil 509 al cierre de quien quedó como su interino”, reportó este medio.

“En agosto pasado, además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró una diferencia de 50 mil 464.2 millones de pesos entre la deuda que registraron los estados ante la Secretaría de Hacienda y los pasivos reportados en sus cuentas públicas, debido a que algunas entidades excluyeron informar al Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios (ROEMM) del Gobierno federal sus ‘pasivos financieros de corto plazo, los contingentes y otras obligaciones que no se consideran deuda pública”, agregó el texto.