Por Nayeli Roldán y Manu Ureste para Animal Político

Innovación Integrada S. A. de C. V., propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario que compró la casa del presidente Enrique Peña Nieto, fue una de las compañías subcontratadas por la Universidad Politécnica de Chiapas para hacer servicios a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2016.

Esta forma de contratación es parte del esquema de desvío de recursos públicos  documentado en la investigación La Estafa Maestra, en la que dependencias del gobierno federal contratan a universidades para hacer supuestos servicios y éstas a su vez subcontratan a empresas ilegales.

Juan Armando Hinojosa Cantú ha recibido contratos de obra pública con el gobierno federal y es el dueño de Grupo Higa, un consorcio que incluye a la empresa que compró la casa del presidente Enrique Peña Nieto, según reveló la investigación periodística La Casa Blanca en 2014, lo que provocó críticas respecto a un presunto conflicto de interés entre el mandatario y el empresario.

Pese al escándalo, la empresa Innovación Integrada recibió casi 10 millones de pesos entre 2015 y 2017 a través de cuatro contratos por adjudicación directa —es decir, no fue elegida en un concurso público en el que haya resultado como mejor opción— por el ISSSTE y Exportadora de Sal S. A. de C. V., empresa dependiente de la Secretaría de Economía.

Aunque el ISSSTE respondió a Animal Político que escogió a la empresa tras realizar un estudio de mercado porque representaba un ahorro de hasta 23%, este argumento no está contemplado en la Ley de Adquisiciones para optar por la adjudicación directa. La ley establece que la licitación justamente sirve para que las empresas interesadas participen en un proceso público en el que las dependencias escojan a aquella que ofrezca las mejores condiciones.

En tanto, a través del esquema de La Estafa Maestra, la empresa recibió 5 millones 568 mil pesos provenientes de la Sedatu, mediante un contrato directo con la Universidad Politécnica de Chiapas firmado el 21 de abril de 2016 para realizar una aplicación móvil que diera “una solución tecnológica basada en web, que asistiera en la automatización de los procesos de consulta dentro del Sistema Nacional de Inclusión Sedatu”, según documentó la Auditoría Superior de la Federación(ASF) en la auditoría 195-DS realizada a la institución como parte del informe de Cuenta Pública 2016.

Dicha contratación fue por asignación directa apelando a la excepción prevista en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones que permite contratar sin hacer licitaciones cuando solo existe en el mercado un proveedor capaz de dar el servicio; que el servicio sea con fines militares o atiendan casos de fuerza mayor como un desastre natural, entre otros.

Sin embargo, en este caso no se cumplen los criterios para que la Universidad haya optado por la asignación directa, y solo “evadió la licitación”, según  la Auditoría. Por ello, al contratar a Innovación Integral “no se acreditaron los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y honradez” y, por tanto, “no se obtuvieron las mejores condiciones disponibles en cuanto precio, calidad financiamiento y oportunidad”.

Al revisar el cumplimiento del servicio, la empresa proporcionó evidencia de los trabajos y la Auditoría comprobó que la aplicación móvil estaba en funcionamiento, pero la compañía “no acreditó los insumos tanto humanos como materiales que presumiblemente utilizó, ni presentó evidencia de la integración de los costos para ejecutarlos”.

La Universidad tampoco pudo comprobar que hubiese hecho algún cálculo e integración de costo sobre los servicios, lo que evidencia que la institución cobró “de forma discrecional sin una base de costos”.

Incluso en el convenio SEDATU/UPPEI-UPCH/33901-07/2016 realizado entre la Universidad y la dependencia el 1 de marzo de 2016 (un mes después del contrato con la empresa) para “servicios profesionales y técnicos del Servicio Tecnológico para el sistema para el control de la Estrategia de Inclusión Nacional de la Sedatu”, por 18 millones 860 mil pesos, la institución sólo pudo comprobar el pago de 5 millones 658 mil pesos a Innovación Integrada, según el contrato mostrado a la Auditoría. El resto del dinero se considera como un sobrecosto “en beneficio de la universidad y lo utilizó para fines distintos a los servicios convenidos con la Sedatu”, dice la Auditoría.

Animal Político acudió a la sede de Innovación Integrada, en Santa Fe, Ciudad de México, un lujoso complejo de oficinas, pero no se permitió la entrada y la mujer que atendió por teléfono informó que la empresa no daría información adicional a la que entregó a la Auditoría en 2017, ni nada respecto a Juan Armando Hinojosa Cantú.

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