Ciudad de México. Uno de los asuntos de mayor importancia para el Consejo Nacional de Población (Conapo) es la erradicación del embarazo en niñas menores de 15 años, porque esos episodios significan violencia sexual y violación a los derechos humanos, advirtió el secretario general del organismo, Carlos Javier Echarri Cánovas.

Datos oficiales más recientes indican que en el país, de 2009 a 2017, se registraron 111 mil 875 nacidos de madres de entre 10 y 14 años.

Luego de hacer un análisis de información del registro civil, el Conapo encontró que en madres menores de 15 años la diferencia promedio de edad con el sujeto que las embarazó es de 4.7 años.

Es decir, no se trata de compañeritos de la escuela a quienes la hormona le ganó a la neurona, sino adultos, mayores de edad, abusando de las niñas, dijo el funcionario en entrevista.

Destacó que los médicos deben dar aviso al Ministerio Público (MP) cuando atienden a una niña embarazada porque se está ante una violación equiparada. Sin embargo, esto no se da a conocer.

“Se trata de un fenómeno multifactorial que exige un cambio cultural: tenemos que cambiar la percepción que tenemos de estas niñas que son madres, como algo que debe ser reprobado por la sociedad (…). Ante la unión infantil debemos decir ‘esto no se vale’, ‘está mal’”, dijo.

Entre las mujeres de 15 a 19 años el número de nacimientos en ese mismo periodo fue de 3.5 millones.

En este último punto, si bien hubo una disminución en la tasa de fecundidad adolescente (de 77 nacimientos por cada mil mujeres en el año 2000, a 70 en 2018), persisten los embarazos no deseados y la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos.

Para atender esa problemática, en el país se ha establecido una estrategia nacional de prevención del embarazo adolescente, en la que participan dependencias y organismos del sector público, que buscan colocar el embarazo de menores de 15 años como un asunto de violencia que es necesario erradicar.

Aclaró que la erradicación de los embarazos en adolescentes no se debe confundir con criminalizar o fustigar la sexualidad.

Al contrario, el Estado debe crear condiciones para que quienes decidan ejercer su sexualidad lo hagan fuera de cualquier violencia o miedo al embarazo no planeado y a enfermedades de transmisión sexual.

Ello implica, subrayó, dotar de información y, en su caso, métodos anticonceptivos para los adolescentes y adultos.

El parámetro y objetivo de su función al frente del Conapo es incorporar a los análisis demográficos la perspectiva de género y la generacional.