El embajador de México en Uruguay, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, ocultó durante varios años 1,2 millones de dólares (1,1 millones de euros) en una cuenta de la Banca Privada d'Andorra (BPA), según documentos internos de esta entidad a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El diplomático, que pertenece al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), cobró en el depósito del Principado de Andorra de un despacho de abogados de Ciudad de México. Arroyo Vieyra, que presidió entre 2012 y 2013 la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados, reconoce el pago, afirma que fue por un trabajo que, según dice, no puede revelar y añade que fue “un error” cobrar los fondos en Andorra.

La BPA fue una entidad intervenida en 2015 por las autoridades andorranas y sus principales directivos fueron procesados por corrupción después de que EE UU alertara de que carteles de la droga de México y Colombia y grandes compañías, como la constructora brasileña Odebrecht, utilizaban la institución financiera para blanquear capitales y pagar comisiones ilegales a políticos de Europa y América. Desde entonces, la BPA se ha convertido en el vértice final de diferentes escándalos. Andorra terminó con el secreto bancario el pasado año.

El ingreso a nombre de Arroyo Vieyra procedió del despacho de abogados mexicano que preside Pedro Raymundo Salinas Arrambide, según la documentación interna de la BPA. El embajador y el abogado atribuyen el dinero a un trabajo jurídico que desarrollaron juntos. La cuenta se abrió entre 2011 y 2012 y permaneció operativa a nombre del político del PRI durante, al menos, tres años. Arroyo Vieyra asegura que, tras cerrar el depósito, regularizó su situación y declaró sus ingresos a la Hacienda mexicana.

Las actas internas y confidenciales del Departamento de Cumplimiento (Compliance) de la BPA detallan la operación bajo un epígrafe titulado Solicitud de apertura de Cuentas de PEPs, personas políticamente expuestas, que es el término utilizado por los bancos para referirse a clientes con cargos públicos. El documento explica que Pedro Raymundo Salinas Arrambide (México), socio administrador de Salinas Arrambide y Asociados, “tiene pendiente un cobro correspondiente a su actividad de unos 3.000.000 USD (2,5 millones de euros)". Este dinero, según él, "podría justificarlo y documentarlo sin ningún problema”.

Y añade: “Pretende cobrarlo mediante dos transferencias a dos cuentas que nos aperturaría, una a su nombre por un importe de 1.800.000 USD (1.5 millones de euros) y otra a nombre de Francisco Agustín Arroyo Vieyra por 1.200.000 USD. Según el Sr. Salinas, el sr Arroyo es un asociado del bufete, si bien no consta en el Acta constitutiva. El problema es que el Sr Salinas (se equivoca el redactor de nombre) es el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, si bien nos manifiesta que al margen de su actividad política tiene otras actividades empresariales, 2 hoteles en Guanajuato y asociado al bufete mencionado”.

Pese a las reservas que el Departamento de Cumplimiento de la BPA tuvo a la operación por el perfil político de Arroyo, un veterano y conocido político del PRI, las dos cuentas se abrieron con las cantidades citadas. El embajador de México en Montevideo (Uruguay) lo explica así: “Fue un pago de honorarios de mi despacho. Fui legislador y abogado postulante privado durante 25 años. Algún día me lo pagaron por ahí, pero ese dinero está en México y pagué mis impuestos. Tengo mi declaración fiscal en orden. Es la manera de estar tranquilo. Fue hace años y podría estar prescrito, pero está cubierto”.

En una primera conversación telefónica con este periódico, el diplomático afirmó que era socio del despacho de Salinas, algo que este niega. En un segundo contacto, sin embargo, el embajador puntualizó que ambos han “trabajado como asociados y litigado juntos” en distintos casos. “Hubo un contrato de asociación profesional. El origen del dinero es lícito, mis impuestos están pagados y mi conciencia tranquila”. El embajador mexicano en Uruguay justifica: “No puedo revelar los nombres de los clientes ni de que se trata por secreto profesional”. Y añade: “Representamos a empresas con litigios fuertes y hemos llegado a buenos resultados”.

En 2013, la Cámara de Diputados de México que presidía Arroyo Vieyra contrató asesorías por adjudicación directa de 7,9 millones de pesos (371.104 euros). De esta cantidad, 3,2 millones de pesos (150.287 euros) fueron a parar a la firma de Salinas y Asociados. El embajador afirma que el pago que recibió en Andorra de este bufete no guarda relación alguna con estas adjudicaciones. “Le pedí a Pedro (Salinas) que fuera mi consejero en algunos asuntos. El presidente de la Cámara no maneja recursos y tiene una asesoría muy modesta. Es un abogado muy prestigioso, fue un consejero honorario, de buena voluntad. En 2013 yo no participé en ningún litigio”.

Arroyo Vieyra señala que la cuenta se abrió en “2011 o 2012” y que estuvo activa “tres o cuatro años”. El diplomático justifica así su decisión de cobrar a través del Principado: “Había un promotor de la BPA que nos embaucó en este asunto. Era lícito, pero fue un error. No lo volvería a hacer, se lo aseguró”.

El embajador de México en Uruguay no es el único político de este país que ha tenido cuentas en la BPA de Andorra. EL PAÍS reveló que Oscar Javier Lara Aréchiga, de 65 años, exdiputado del PRI tuvo en este mismo banco una cuenta de seis millones de dólares (5,045 millones de euros). Y que manejó un total de 17 millones en paraísos fiscales como Panamá o las Antillas Holandesas mediante una sociedad opaca. La citada empresa estaba gestionada por BK Group, una firma holandesa de servicios fiduciarios. La Fiscalía de Andorra investiga a Lara Aréchiga y ha solicitado a México detalles sobre su trayectoria política para lograr una identificación completa.