La administración del gobernador Javier Duarte pagó a 21 empresas fantasma más de 431 millones de pesos por distintos bienes y servicios que no se entregaron en 2015, concluyó el Congreso de Veracruz, que ordenó a la auditoria estatal interponer una  nueva denuncia penal en contra de los servidores públicos que resulten responsables.

El dictamen aprobado de la Cuenta Pública 2015, del cual Animal Político tiene copia, advierte que este caso no es aislado pues “se encuentra vinculado” con el de más de 30 empresas fantasma revelado por este portal informativo, y que ya dio paso a una primera denuncia penal interpuesta por los auditores locales en agosto.

En su análisis, los legisladores consideraron que los hechos descubiertos por el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz evidencian hechos que ameritan una investigación ministerial inmediata, sin esperar a los procesos de sanción administrativa que correspondan.

“Dicha consideración resulta del examen de los actos que motivan el probable daño patrimonial al haberse detectado 21 contratos celebrados con igual número de empresas, las cuales durante el proceso de fiscalización no fueron localizadas en el domicilio señalado en contratos, ni mucho menos el Representante Legal”, indica el dictamen de la Comisión de Vigilancia en la página 48.

El monto de los contratos que recibieron esas compañías es de 431 millones 431 mil 445 pesos. Todos los recursos provenían de la Secretaría de Desarrollo Social y los conceptos de los mismos eran despensas para población posiblemente damnificada, cobijas, materiales, entre otros.

El dictamen destaca que, dentro del procedimiento de comprobación de los recursos asignados a estas partidas, el gobierno estatal no aportó documentos básicos como, por ejemplo, la solicitud de los apoyos que justifique la adquisición de estos productos, ni evidencia de la selección de los supuestos beneficiarios.

“En los casos donde hay listas de beneficiarios no existe evidencia de que los apoyos se hayan entregado” dice el dictamen. Lo anterior pese a que los recursos si fueron etiquetados y pagados a las empresas.

Animal Político publicó el pasado 11 de octubre, que entre los contratos que están bajo investigación por la posible asignación de los mismos a empresas fantasma se encontraba de 200 mil cobertores y 55 despensas por un monto de 36 millones de pesos.

Estos productos se repartirían en al menos seis municipios con problemas de marginación en Veracruz. Los auditores acudieron a los mismos para verificar la entrega de los insumos, de acuerdo con documentos entregados por la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, pero las personas negaron que hubieran recibido algo.

Corrupción sistemática

El dictamen de la Comisión de Vigilancia del Congreso estableció que el desvío de recursos a través de empresas fantasma, descubierto por los auditores en 2015, no es un hecho aislado.

“Estas situaciones se encuentran vinculadas con hechos de similar naturaleza detectados y denunciados en su momento por el órgano de Fiscalización Superior y que son motivo de la integración de la Carpeta de Investigación numero C.I./FESP/261/2016-VII  abierta en la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción cometidos por Servidores Públicos”, indica el dictamen.

Dicha denuncia fue presentada por el ORFIS a partir de una investigación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) denotada por un reportaje publicado por Animal Político, en el que se evidencia un modus operandi con el cual se lograron desaparecer millones de pesos a través de contratos adjudicados a empresas fantasma con accionistas que eran personas de bajos recursos.

El ORFIS revisó el caso y estableció que esta red de empresas recibió en total 131 contratos entre 2012 y 2014 y que el probable desfalco ascendía a casi 950 millones de pesos. Los contratos fueron asignados por las secretarías de Educación, de Desarrollo Social, de Protección Civil y del DIF-Estatal.

En suma, tanto la red de empresas ya denunciada por el ORFIS así como la confirmada en 2015 por la Comisión de Vigilancia habrían desviado casi mil 400 millones de pesos solo de recursos estatales. La investigación sobre recursos federales corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Nomina magisterial de Veracruz bajo la lupa

La Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz solicitó al ORFIS que ordene al órgano de Control Interno del gobierno estatal una revisión a fondo de la nómina de maestros y empleados de la Secretaría de Educación de Veracruz, luego de que la administración de Javier Duarte reportó haberles pagado más de 8 mil millones de pesos.

Los diputados dieron un plazo de 30 días al ORFIS para que se haga este requerimiento y se entregue una nómina depurada de los trabajadores de base.

El objetivo de todo este procedimiento, detalla el dictamen, es que se pueda realizar una verificación real respecto a los pagos reportados por el gobierno estatal y la base de personas que actualmente laboran en el sistema educativo del estado.

Los legisladores hicieron énfasis en que en el proceso de fiscalización el ORFIS detectó que hay falta de documentos justificativos y comprobatorios de los pagos realizados.

El tema del pago de nómina cobra relevancia ya que, bajo este concepto, la administración de Javier Duarte ha justificado el posible destino de recursos federales desviados de otras partidas.

Por ejemplo, la administración estatal debe más de tres mil 300 millones de fondos federales que estaban destinados a los 212 municipios veracruzanos. El gobernador interino Flavino Ríos dijo que el dinero se usó para pagar nómina de policías de maestros. Otro caso: dos mil 200 millones de pesos que eran para obras en 2014 fueron sacados en su totalidad de la cuenta. La justificación que se dio a la ASF es que se usaron los recursos para el pago de maestros.

Además de estos requerimientos, el dictamen aprobado ayer por el Congreso solicita a los auditores múltiples procesos de verificación administrativa e imposición de las sanciones que en su caso correspondan, por irregularidades y posible desvío de recursos en 26 dependencias y fideicomisos estatales.

El posible daño patrimonial registrado solo en 2015, de acuerdo con el dictamen de los diputados, asciende a más de 16 mil millones de pesos.

Cascada de denuncias

Las dos denuncias por el caso de las empresas fantasma en Veracruz presentadas por el ORFIS no son las únicas averiguaciones por las que deberán responder funcionarios y exfuncionarios de la administración de Javier Duarte.

Ayer, el contralor general del estado, Ricardo García, adelantó que esta semana comenzará a presentar un paquete de ocho denuncias ante la Fiscalía del Estado por lo que calificó como “un manejo desordenado” de los recursos públicos.

Las denuncias serán contra funcionarios que estuvieron al frente de la Secretaría de Finanzas en los últimos años, así como contra los extesoreros de dicha instancia. El contralor no proporcionó nombres en específico.

E SAT también presentará una denuncia penal ante la PGR. Esto en contra de los funcionarios que resulten responsables por haber validado facturas que amparan operaciones inexistentes con empresas fachada, lo que constituye un delito federal de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación.