Miguel Mora Olvera, quien ocupó el cargo de comandante de la Policía Judicial en Cancún, Quintana Roo, fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.

De acuerdo con la investigación de la FGR, en 2005, el comandante que estaba adscrito a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado supuestamente participó en la agresión.

La detención se suma a la captura de otros tres probables responsables: José Montaño Quiroz, Alejandro Rocha Laureano y Juan Sánchez Moreno.

Montaño fue comandante de la Policía del Estado de Puebla y fue detenido en 2014 y sentenciado en octubre de 2017 a cinco años y tres meses de prisión.

Rocha fue capturado en diciembre de 2018; era elemento activo de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Mientras que a Sánchez Moreno se le detuvo en abril del presente año en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México. En diciembre de 2005 ocupaba el cargamento de comandante de la Unidad Especializada en Cumplimiento de Mandamientos Judiciales, de la procuraduría poblana.

Lydia Cacho fue detenida y torturada en 2005 por la supuesta comisión de los delitos de difamación y calumnias, cargos presentados por el empresario Kamel Nacif Borge, El Rey de la Mezclilla, a causa de la publicación del libro “Los Demonios del Edén”, donde la escritora describe fiestas en las cuales presuntamente se pervertía a menores de edad.

En abril de este año, un Tribunal Federal también ordenó la aprehensión del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, El Gober Precioso, así como de Kamel Nacif, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura.

De acuerdo con el mandamiento judicial, emitido por la magistrada María Elena Suárez, titular del Primer Tribunal Unitario Vigésimo Séptimo Circuito, también sed pidió la aprehensión del ex subdirector de mandamientos judiciales, Hugo Adolfo Karam.

La resolución de la magistrada revocó la decisión del juez Segundo de Distrito en Quintana Roo, quien el año pasado negó la orden de captura a la entonces Procuraduría General de la República.

En su momento se dieron a conocer audios de las llamadas entre Kamel Nacif y Mario Marín, en las que este último manifestó su apoyo al empresario para imponerle un correctivo a la periodista.

El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de Nación, ya que se creó una Comisión Investigadora, pero el Pleno se abstuvo de señalar al gobernador Mario Marín, como supuesto responsable de la violación a las garantías individuales de la periodista, debido a que no se demostró la existencia de una falta grave a sus derechos, en términos del artículo 97 constitucional, motivo por el cual no era necesario un pronunciamiento sobre el caso, con lo que concluyó el asunto.