Ciudad de México. Desde hace un mes, la periodista Lydia Cacho se desplazó de manera forzada fuera del país en razón de las agresiones del 21 de julio por dos sujetos armados que allanaron su casa, señaló la organización Artículo 19, que acompaña a la comunicadora. 

Agregó que mientras la periodista tuvo que huir de México, “los perpetradores de su tortura gozan de impunidad”. Por lo que demandó a las autoridades ejecutar a la brevedad las órdenes de aprehensión contra el empresario Kamel Nacif; el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, y otros responsables. 

La comunicadora “se vio orillada a salir del país ante la falta de garantías mínimas para ejercer su labor y continuar con el proceso de búsqueda de justicia por los hechos de detención arbitraria, tortura y violencia sexual perpetrados en su contra en diciembre de 2005”. 

Los actos de violencia cometidos en su contra, dijo la organización, se ejecutaron a pesar de la decisión final adoptada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en julio del año pasado, y la reactivación de las investigaciones que decantaron en órdenes de captura contra diversos policías judiciales de Puebla y Quintana Roo, así como contra Mario Marín, Adolfo Karam y Kamel Nacif.

“La principal línea de investigación respecto al allanamiento y robo cometidos en su agravio se relaciona con la clara intención de propinarle un castigo, amenazas y represalias por la exigencia de justicia y el subsecuente libramiento de las órdenes de aprehensión. 

“Es inaceptable que en México las sobrevivientes de tortura y violaciones graves a derechos humanos no cuenten con las mínimas  garantías para su seguridad e integridad personal. Mientras tanto, los perpetradores y sus cómplices, tiene garantizada la perpetuación de sus acciones criminales en contra de las personas y del interés público”. Pues incluso algunos medios de comunicación de puebla han informado que el ex mandatario estuvo recientemente en una fiesta en atlixco. 

“Con la orden de captura en contra de Kamel Nacif, Adolfo Karam y Mario Marín se abría una oportunidad histórica para que este gobierno revirtiera el patrón de impunidad en la violencia contra mujeres, defensoras y periodistas. Sin embargo parece que los intereses que protegen a la mafia político-empresarial que compone las redes internacionales de pederastia y trata de menores de 18 años, son mucho más grandes que cualquier intento de legitimarse mediante el cumplimiento de la ley”. 

Por ello, Artículo 19 exigió al Estado mexicano acatar la decisión final adoptada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, a efecto de que se ejecuten sin dilaciones las órdenes de aprehensión contra cuatro policías, Adolfo Karam, Mario Marín y Kamel Nacif, y que en particular el gobierno federal garantice la seguridad e integridad personal de la periodista en el marco de implementación de las medidas cautelares dictadas  por la CIDH.