El descuento de entre 320 y 720 pesos aplicado a las cuentas bancarias de miles de maestros de seis estados donde reciben la nómina de la SEP, fue una instrucción del banco HSBC como un cargo “domiciliado” para donativos hacia dos fundaciones fantasma.

Luego de que la Secretaría de Jalisco pidió explicación a los bancos sobre dichos descuentos, Banamex, Santander y Banorte informaron que se trató de un cargo ordenado por otra institución bancaria, según consta en los documentos de respuesta que miembros del sindicato de maestros entregaron a Animal Político.

De hecho, al confirmar que ya habían aplicado el reembolso, la Dirección de la Banca de Gobierno de Banorte explicó que dichos cargos correspondían a “una cobranza domiciliaria interbancaria de HSBC, por lo que se procedió al bloqueo y bonificación”.

Animal Político verificó la autenticidad de los oficios de los bancos enviados a la Secretaría de Jalisco y, además, fuentes bancarias, autoridades educativas y del SNTE confirmaron que el banco que ordenó el cargo hacia las cuentas fue HSBC.

Sin embargo, al preguntar a HSBC quién le ordenó o por qué hizo los cargos, el área de relaciones públicas del banco respondió que “afirmar o negar ahora es muy difícil” debido a que “hay todo un proceso de investigación”.

Desde el pasado 3 de agosto, maestros de Jalisco, Puebla, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí y Durango denunciaron que, sin haberlo autorizado, aparecía un donativo por 320 y 720 pesos para “niños con cáncer” y “niños de escasos recursos” desde sus cuentas bancarias de Banorte, Santander, Banamex, Bancomer y HSBC, donde reciben el pago de nómina de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Además, el cargo tenía una vigencia “indefinida”, es decir, el descuento se haría de manera recurrente toda vez que estaba registrado como pago “domiciliado”, según los recibos bancarios enviados a los maestros.

De acuerdo con la Ley de Instituciones de Crédito, los bancos necesitan “la autorización del titular o titulares de la cuenta de que se trate”, es decir, los profesores en este caso para aplicar un cargo domiciliado. O que el titular o titulares de la cuenta autoricen los cargos por medio del proveedor, en este caso, las supuestas fundaciones.

Por lo tanto, HSBC tendría que explicar con quién hizo el acuerdo que permitió hacer el cargo.

Aunque Gerardo Rodríguez Jiménez, subsecretario de Administración de la Secretaría de Educación de Jalisco, evitó referirse a HSBC como el banco que originó el cargo, afirmó que “la o las instituciones responsables tuvieron un problema de protocolos contra el lavado de dinero, en cómo giraron las cartas de instrucción, y quién se las dio”.

Los beneficiarios de las “donaciones” fueron la Fundación Humanitaria México Incluyente y la Fundación Humanitaria México Leyenda, pero ninguna está en el listado de donataria autorizada por el SAT, donde se encuentran las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del ISR, como obliga la Ley del Impuesto sobre la Renta y la miscelánea fiscal.

Este medio preguntó a las instituciones bancarias si fueron víctimas de un ataque informático o fraude a los bancos, pero Santander rechazó que esa fuera la razón.

“Santander recibió la originación de un cargo domiciliado de otra institución bancaria, misma que aplicó de acuerdo a la regulación y al recibir las aclaraciones, se procedió al reintegro de los recursos de acuerdo a nuestras políticas”.

Banamex también respondió que “dicho cargo fue ordenado por otra institución bancaria y no por nosotros”, por lo que la bonificación se realizaría en el transcurso del 7 de agosto.

¿Quién debe responder?

El común denominador de estos cargos masivos es que todos los afectados están en la nómina de la Secretaría de Educación Pública. Es decir, no fueron usuarios aislados de los bancos, sino que los “donativos” fueron aplicados en las cuentas bancarias de maestros que reciben su salario como empleados de la Federación.

Sin embargo, hasta el momento, la SEP no ha interpuesto ninguna denuncia penal para investigar qué ocurrió, porque “no hemos recibido denuncias concretas en nuestros teléfonos o portal, hasta ahora, con datos para investigar. Estamos revisando en nuestra base de datos sin resultados hasta este momento”, respondió a Animal Político el área de prensa.

La Secretaría de Educación de Sinaloa, en cambio, sí interpuso una denuncia penal ante la fiscalía estatal desde el miércoles pasado, por lo que se encuentra abierta una carpeta de investigación, informó Víctor Pérez Castro, director de Servicios Administrativos.

Si bien todos los bancos han reembolsado a los maestros el cargo no reconocido, se trató de un intento de “fraude millonario porque estamos hablando de miles de maestros de diferentes entidades del país”, reconoció Pérez Castro en entrevista con este medio. El reintegro del “donativo” fue tan rápido justamente porque reconocieron inmediatamente que fue una instrucción de otro banco.

Pero el “fraude” fue impedido gracias al reclamo en redes sociales y ante las representaciones sindicales por parte de los maestros.

Aunque hasta el momento ninguna autoridad ha informado cuántos maestros fueron afectados, sólo en Jalisco 4 mil maestros denunciaron esto a través de un link dispuesto por la sección 16 del SNTE en Jalisco, de acuerdo con Elpidio Yáñez, secretario general, pero “no sabemos cuántos acudieron personalmente a las sucursales o lo solucionaron por su cuenta”, dice en entrevista.

La afectación ocurrió solamente en los pagos desde la Federación a los maestros se realiza a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), no así en los pagos que hacen los gobiernos estatales.

De acuerdo con los lineamientos, los gobiernos de los estados generan la nómina de los maestros en sus entidades que envía a la SEP federal para su validación. Después de verificar la información, la dependencia “solicitará a la Tesorería de la Federación, realizar el pago correspondiente” y que se entrega a través de las cuentas bancarias de nómina de cada maestro.

La investigación, coincidieron autoridades educativas y sindicales, debería pasar por revisar todo el procedimiento que lleva el pago de salarios y quiénes tienen acceso a la información de la nómina de miles de maestros del país y cómo lograron aplicar los descuentos.