El Paso, Texas.- Funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han cometido en la zona de El Paso (Texas) 24 casos de abusos de autoridad durante 2015, informó hoy un la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.

De los 24 casos de abuso estudiados por miembros de la organización local, 12 fueron por parte de funcionarios de los puentes internacionales, básicamente del puerto de entrada a EEUU Paso del Norte, según el informe divulgado por ese grupo.

Fernando García, director ejecutivo de la Red, dijo en una conferencia de prensa que las campañas emprendidas desde 2000 han servido para que la comunidad de esta región conozca sus derechos y pida rendición de cuentas a los funcionarios.

García aseguró que, por segundo año consecutivo, la organización no encontró casos significativos de abuso de autoridad por agentes de la Patrulla Fronteriza, como ocurrió en años anteriores.

"El problema este año no fue con la Patrulla Fronteriza, ni siquiera con el Sheriff, hubo algunos incidentes con el Sheriff, lo van a ver, pero fue en los puentes", afirmó el director.

Los casos de abuso fueron durante las revisiones peatonales, principalmente en el Puente Internacional Paso del Norte.

"El problema de falta de personal -explicó- que ha prevalecido por años en estos puertos han llevado al incremento en los tiempos de espera, en las detenciones de personas. Sin embargo, este año hemos visto un dramático patrón de quejas de abusos físicos y sicológicos, y abusos verbales por oficiales de aduanas en los puntos de entrada".

García señaló que la organización ha recibido una carta de más de 120 familias relacionadas con quejas sobre el Centro de Detención y Remoción de El Paso.

La Red, subrayó, apoya la iniciativa en el Congreso para la creación de un programa de transparencia y rendición de cuentas por parte de las agencias del Departamento de Seguridad Nacional, incluida la Patrulla Fronteriza.

Rafaela Sánchez, de 40 años, y oriunda de Ciudad Juárez es una de las personas que presentó un reporte de abuso de autoridad en los puentes internacionales, ocurrido en julio del 2015.

"Pedí un permiso para viajar a los Estados Unidos, y después de que llevé los papeles que me pedían, la persona que me atendió revisó mi bolsa, mi celular, revisó llamadas, cosas personales. Me hizo preguntas que por qué hablaba con esas personas", dijo Sánchez, que asegura que fue advertida de "de decir la verdad" o, de lo contrario, podría ser sentenciada a cinco años de prisión.