NUEVA YORK . — Algunos adolescentes que ingresaron a Estados Unidos bajo el programa de menores sin compañía adulta están siendo detenidos ilegalmente bajo acusaciones de tener nexos con pandillas, aseveró en una demanda la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés).

La demanda se interpuso en San Francisco a nombre de tres jóvenes que fueron detenidos recientemente en Long Island, al este de Nueva York. Un abogado de la ACLU indicó que se presentó la denuncia en California debido a que los jóvenes fueron trasladados a una instalación del gobierno en el norte del estado.

La demanda busca estatus de denuncia colectiva para determinar el alcance nacional del programa de detenciones y el número de jóvenes que podrían resultar afectados.

William S. Freeman, abogado de la ACLU en el norte de California, dijo que la demanda acusa a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos de aceptar acusaciones sin fundamentos de nexos con pandillas por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés). La denuncia afirma que los menores fueron colocados bajo condiciones de restricción severa con base en esas acusaciones.

Freeman dijo que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados previamente había investigado a los jóvenes y los ubicó con sus padres en Long Island después de ingresar ilegalmente a Estados Unidos procedentes de Centroamérica.

“Tienen sueños y los medios legales para permanecer en Estados Unidos, pero han sido afectados por un gobierno que da prioridad a las deportaciones por encima de la verdad y la justicia”, afirmó Freeman.

Entre los acusados en la demanda se incluye al secretario de Justicia, Jeff Sessions, el ICE y la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

El portavoz del Departamento de Justicia, Devin O’Malley, defendió las detenciones.

O’Malley dijo que Sessions visitó El Salvador y escuchó de los esfuerzos de pandillas transnacionales para reclutar a niños de hasta 8 años de edad.

“Defenderemos en su totalidad la autoridad legal del presidente para mantener a los estadounidenses a salvo y proteger a las comunidades de la violencia de pandillas”, subrayó O’Malley.

El mes pasado, la ACLU de Nueva York acusó que al menos nueve adolescentes de Long Island fueron enviados a centros federales de detención migratoria después de ser acusados falsamente de ser miembros de pandillas. Freeman reconoció que no sabía si los tres acusados a los que representa su organización se incluyen en esos nueve.

En el último año, la policía de Long Island ha detenido a decenas de personas sospechosas de pertenecer a la pandilla MS-13, también conocida como Mara Salvatrucha, después de la muerte de 17 personas por posible violencia de pandillas en el condado Suffolk. El presidente Donald Trump visitó el mes pasado la zona y prometió medidas contra las pandillas.

“Secuestran. Extorsionan. Violan y roban. No deberían estar aquí”, dijo Trump a un grupo de agentes de la ley en Brentwood, la comunidad en el epicentro de la violencia.

Los menores que ingresan ilegalmente a Estados Unidos sin estar acompañados de sus padres reciben un trato distinto bajo la ley federal. No son deportados de inmediato en caso de ser detenidos en la frontera y pueden ser colocados con familiares en Estados Unidos en lo que se someten a un largo proceso de investigación.

Long Island es uno de los principales destinos nacionales para esos menores, debido a su gran población hispana. En los últimos tres años se han ubicado a más de 4.000 jóvenes en la zona.