La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) exteriorizó su respaldo a la controversia constitucional que la Presidencia de la República interpuso en contra de ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que “daban erróneamente atribuciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones para regular el Derecho a la Información de los mexicanos”.

"La CIRT ve en el procedimiento que ha ordenado el presidente Enrique Peña Nieto la oportunidad de preservar la libertad de expresión en nuestro país”, señaló.

Édgar Pereda Gómez, presidente de la CIRT destacó que “es fundamental el respeto irrestricto a la Libertad de Expresión”.

La representación empresarial comentó que “los Lineamientos de Defensoría de la Audiencia, que el IFT publicó el pasado 21 de diciembre, que los concesionarios de Radio y Televisión ven con preocupación y que han sido objeto de críticas de comunicadores, han motivado una controversia sobre la que deberá pronunciarse la Suprema Corte de Justicia de la Nación”

Recordó que los presidentes de los Consejos Directivo y Consultivo de la CIRT enviaron, el 24 de enero, una carta a Gabriel Contreras, Comisionado Presidente del IFT, solicitando se abra al análisis y discusión a diversos aspectos de los lineamientos de los derechos de las audiencias por considerar que dejan a la Industria en estado de indefensión.

Agregó que la CIRT se ha pronunciado porque se escuchen sus puntos de vista y las opiniones de los comunicadores y concesionarios mexicanos sobre la aplicación de diversas disposiciones de los lineamientos de defensoría de la audiencia.

IFT CELEBRÓ LA INTERVENCIÓN DE LA SCJN
Por su parte, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se refirió tanto a la controversia constitucional promovida por la Presidencia de la República, como a un recurso similar que presentó por el Senado de la República en contra de los Lineamientos Generales Para la Defensa de las Audiencias y celebró que será “la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que defina el alcance de los derechos y las facultades del Congreso de la Unión y del IFT en esta materia”.

El organismo regulador observó que “la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica reconoció derechos de las audiencias, mismos que fueron establecidos expresamente en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como diversos mecanismos para su protección”.

Agregó que, entre otras cosas, la ley estableció el derecho a que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, el derecho a que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa, así como la figura del defensor de audiencias y el deber de los concesionarios de contar con códigos de ética.

Añadió que la ley también ordenó al IFT emitir lineamientos en esta materia, lo que cumplió el pasado 29 de noviembre, después de un proceso de consulta pública y un amplio análisis de las mejores prácticas internacionales.

En tal sentido consideró que “la ley y los lineamientos configuran un nuevo marco jurídico en materia de derechos de audiencias, que ha generado diversos señalamientos relacionados con su constitucionalidad. Ante estos señalamientos, algunos que incluso responsabilizan al IFT por normas previstas expresamente en la ley, es de celebrar la utilización de los canales institucionales para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que defina el alcance de los derechos y las facultades del Congreso de la Unión y del IFT en esta materia”.