Ciudad de México.- La presidenta nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Leticia Hervert Sáenz, no descartó que alguno de los 22 mil socios de este organismo aparezca en los llamados #PanamaPapers.

A poco más de 40 días de revelarse a escala mundial una lista de inversionistas de diferentes nacionalidades, entre ellos empresarios, políticos, deportistas, personajes del espectáculo y las artes, quienes a través de la firma panameña Mossack Fonseca escondieron sus riquezas en paraísos fiscales, el IMCP aseguró que hasta el momento no se han suscitado casos entre sus agremiados.

Dicha información fue obtenida por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) con Proceso y más de cien medios asociados en el mundo.

Este día, Hervet Sáenz explicó que para que un contribuyente lleve a cabo planeaciones fiscales agresivas para mover sus recursos o inversiones en “paraísos fiscales”, requiere necesariamente la asesoría de un especialista en materia fiscal.

En rueda de prensa realizada en el Club de Industriales, admitió que “por supuesto que tiene que haber un asesor fiscal, llámese contador, abogado, ingeniero, y todos los demás que tengan conocimiento del tema fiscal, y como en todas las profesiones hay contadores buenos y malos o abogados buenos y malos”.

“El músculo” del IMCP

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos es una federación fundada en 1923, que se conforma de 60 colegios de profesionistas que agrupan a más de 20 mil contadores públicos asociados en todo el país.

En un entorno global, el IMCP pertenece al organismo regional AIC (Asociación Interamericana de Contabilidad), que agrupa a la profesión de toda América, y al organismo mundial IFAC (International Federation of Accountants).

De acuerdo con el organismo, no es delito que los contribuyentes tengan sus recursos en el extranjero o que un contador le preste sus servicios profesionales para llevar sus inversiones a empresas offshore.

El ilícito, explicó la presidenta, es que este tipo de operaciones fiscales no se hagan de la manera en que está prevista en la ley, es decir, que los contribuyentes no paguen los impuestos correspondientes en su país de origen.

“Ningún miembro con requerimiento del SAT”

Actualmente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga a más de 296 personas físicas y morales cuyos nombres aparecieron en la base de datos liberada el pasado 9 de mayo.

Según la institución encabezada por Aristóteles Núñez, requerirá la información correspondiente con los contribuyentes involucrados, asimismo, cruzará información con otras instituciones del sistema financiero. En caso de detectar recursos de procedencia ilícita, interpondrá denuncias ante la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Sin embargo, en el caso de los contadores, hasta el momento “no se han presentado ni denuncias por parte de las autoridades ni por parte de los contribuyentes”, aseguró el IMCP.

Hervert Sáenz precisó que en caso de que el instituto conozca alguna denuncia, sancionará cualquier mala actuación de sus agremiados de acuerdo con su código de ética. Es decir, a través de una amonestación privada, expulsión o con la pérdida de su cédula profesional.

No obstante, la contadora detalló que el Código Fiscal de la Federación prevé sanciones penales para los asesores de contribuyentes en prácticas indebidas en el tema fiscal, las cuales, dependiendo del monto defraudado, pueden ser pecuniarias o corporales, es decir, con prisión.