La legislación señalada indica que los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) no tendrán relación laboral alguna por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva.

“El vínculo legal con la misma, así como su contraprestación, serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por honorarios, en los términos que determine el órgano de gobierno, por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva”, consigna la nueva normatividad.

Carlos Arredondo, vocero del Comité de Selección del Consejo Ciudadano, consideró que lo más lógico es que sean ellos mismos los que se asignen su salario.

“La Ley sí es clara al decir que no serán empleados”, señaló, “la otra cosa es que no dice ninguna referencia de cómo, de qué nivel tendrían que ser los honorarios; un poco la lógica es que deben tener un salario que sea de un nivel alto para alejarlos de cualquier tentación”.

“La lógica es que si el salario es bajo, la tentación de corrupción es alta, y viceversa”, añadió, “siguiendo esa lógica, por ahí debería de ir, pero como la Ley no dice nada…”.

El vocero destacó que la definición de su salario, será la primera acción en que los consejeros mostrarán su compromiso con la lucha anticorrupción.

Desde que los consejeros fueron seleccionados, surgieron señalamientos respecto a que algunos de ellos mantienen o mantuvieron  “ligas” con organismos públicos, el Gobierno del Estado o con partidos políticos.