La Justicia argentina se convirtió el viernes en la primera de Sudamérica en condenar a ex militares por participar en el Plan Cóndor, el complot que las dictaduras del Cono Sur implementaron desde mediados de los 70 hasta inicios de los 80 para secuestrar, torturar y eliminar opositores políticos.

"El Plan Cóndor fue una asociación ilícita y Argentina juzgó a los genocidas. No es para celebrar porque es algo que no debió haber ocurrido nunca", expresó el Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel.

En el juicio, que comenzó en 2013, el ex presidente de facto Reynaldo Bignone y el ex comandante Santiago Omar Riveros fueron condenados a 20 y 25 años de prisión, respectivamente, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983)​.

Otros 13 represores, entre ellos el coronel uruguayo Manuel Cordero, también recibieron penas de prisión. Sólo dos de los 17 acusados fueron absueltos por el Tribunal Oral Federal 1 de Buenos Aires.

"Es una sentencia satisfactoria. A uno se le mueve algo muy profundamente cuando escucha la condena que van a cumplir en un contexto de justicia y con todas las garantías que no tuvieron nuestros familiares", expresó Macarena Gelman, nieta del poeta Juan Gelman, fallecido en enero de 2014.

La joven representa uno de los casos emblemáticos de las maniobras represivas aplicadas con motivo del Plan Cóndor. Nació en 1976 durante el cautiverio ilegal de su madre, María Claudia García, y fue trasladada desde Buenos Aires a Montevideo, donde fue apropiada por un policía uruguayo.

La madre de Macarena Gelman fue asesinada, como había ocurrido con su padre, Marcelo Gelman. Más de dos décadas después, y tras una campaña internacional llevada a cabo por su abuelo, conoció su verdadera identidad.

"Ahora esperemos que otros países sigan el camino de la verdad y la justicia en relación al Plan Cóndor", sostuvo la diputada argentina Victoria Donda, hija de un matrimonio secuestrado y asesinado por la última dictadura del país.

El Plan Cóndor tuvo como objetivo el asesinato de militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles argentinos, uruguayos, chilenos, paraguayos, bolivianos y brasileños.

El tribunal a cargo del juicio por la represión coordinada entre las dictaduras consideró que hubo "asociación ilícita" y "privación ilegal de la libertad agravada por aplicación de tormentos" en perjuicio de 105 víctimas, de las cuales 45 fueron uruguayos, 22 chilenos, 14 argentinos, 13 paraguayos y 11 bolivianos.

Los jueces comenzaron el juicio oral en 2013 con 32 acusados, de los cuales solo 17 llegaron a ser juzgados. El resto fue apartado por razones de salud o murieron sin conocer el veredicto. Uno de ellos fue el ex dictador argentino Jorge Rafael Videla (1976-1981).

"Es la primera vez que la justicia de un país americano declara que ese Plan fue una asociación ilícita para cometer delitos", indicó el periodista Horacio Verbitsky, que preside el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo que actuó como querellante en el caso.

El CELS, en tanto, anunció que debido al fallecimiento de algunos de los acusados pedirá que la Justicia procure investigar y conocer los hechos por los que habían sido acusados aunque no ya puedan ser condenados.

El acta de fundación del Plan Cóndor tiene fecha del 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, durante la clausura de la Primera Reunión de Inteligencia Nacional.

"Se dan por iniciados los contactos bilaterales o multilaterales a voluntad de los respectivos países aquí participantes para el intercambio de información subversiva, abriendo propios o nuevos carteles de antecedentes de los respectivos servicios", destacaba el texto, que fue encontrado en 1992 entre diferentes documentos escondidos en una repartición policial situada en Asunción, la capital paraguaya.

El hallazgo de aquellos archivos permitió el inicio de una investigación que terminó con las sentencias conocidas este viernes en Buenos Aires.