Ciudad de México. Diversas organizaciones civiles condenaron el anuncio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el sentido de que no tiene facultades legales para interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, al señalar que de esta forma el organismo decide “no dar la batalla” en un tema fundamental.

Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, subrayó que la posibilidad de iniciar acciones de inconstitucionalidad es una de las principales herramientas de la CNDH para prevenir violaciones las garantías individuales, y es de tal importancia, que tan sólo en 2018 utilizó 53 veces dicho recurso, por lo que renuncia a ello en el tema de la militarización de la seguridad pública es un gesto preocupante.

En ese contexto, la especialista recordó que la ombudsperson Rosario Piedra Ibarra “fue electa con un halo de duda porque no cumplía los requisitos de ley para ese cargo, pero además porque hubo quien dijo que era muy cercana al Presidente. Hoy, ese velo de de la incertidumbre se hace realidad y vemos que es una CNDH que, cuando tiene quedar la batalla, decide no hacerlo, en un acto consciente y deliberado”.

Para Reneaum, en este tema la CNDH decide adoptar “una interpretación sumamente limitada de sus funciones, que no va acorde con esta importante función preventiva que tiene. Vemos una CNDH complaciente con un acuerdo presidencial, que olvida su función constitucional de protección de los derechos humanos.

“La Comisión no queda debilitada para siempre, pero hoy que tenía la oportunidad de demostrar que es imparcial, le ha fallado al pueblo de México. No importa si había o no posibilidad de iniciar una acción de inconstitucionalidad: el mensaje que da es que se queda corta, que no lo intenta, que se repliega antes de dar la lucha y eso es gravísimo”.

Por su parte, José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, subrayó que el anuncio de la CNDH “corrobora lo que hemos dicho desde el primer día del nombramiento de Piedra: no goza de autonomía ni de independencia respecto al Ejecutivo federal, y no va a ejercer todas las atribuciones que le confiere la ley para ser un contrapeso”.

Según el especialista, la Comisión “técnicamente pudo haber presentado una acción de inconstitucionalidad, pues el gobierno federal mañosamente no le puso ‘decreto’ (al documento publicado el 11 de mayo en el que dispone de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública), sino ‘acuerdo’, aunque su contenido es de corte normativo general. Sólo lo cambió de nombre para que personas cercanas al régimen, como Piedra, dijeran que no tienen atribuciones” para impugnarlo.

“A mí me preocupa que la CNDH deja de ser una posibilidad para que los ciudadanos acudamos a buscar protección de nuestros derechos humanos. Es un órgano más que el Ejecutivo coopta, como ya ha hecho con la Fiscalía General de la República y trata de hacer con la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Por todo ello, insistió, la ombudsperson “queda como una invitada de piedra y la CNDH como una oficina de la Secretaría de Gobernación, sumada a una burocracia inoperante, y no como un organismo autónomo”.

Catalina Pérez Correa, profesora universitaria e integrante del colectivo #SeguridadSinGuerra, coincidió en que el mencionado acuerdo “en realidad tiene los efectos de una norma general. En todo caso, hubiera sido conveniente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiera si la CNDH tenía o no posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad”, después de que este organismo hubiera intentado hacerlo.

“La Comisión Nacional tenía la obligación ética de intenarlo, dado que reconoce los graves efectos que puede tener el despliegue militar en los derechos humanos. Por la forma en que está planteado este acuerdo, tenía la obligación de hacer todo lo que estuviera en sus manos para tratar de subsanar los errores de ese documento”, manifestó.

En todo caso, dijo la académica, la CNDH pudo al menos hacerle un exhorto al Presidente a que eliminara ese acuerdo, además de invitar a estados y municipios a impugnarlo a través de controversias constitucionales.