Tres edificios de instituciones nacionales  han sido tomados en los últimos meses por personas inconformes con la actuación de los organismos en los temas que les corresponden. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), desde el 17 de febrero; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde el 4 de septiembre; y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), desde el pasado 12 de octubre.

En los tres casos, las autoridades han publicado comunicados asegurando que están abiertas al diálogo. Y también en los tres casos, los inconformes se han quejado de que esos comunicados solo aparecen en internet, pero los titulares de las dependencias no se paran ahí a escucharlos ni demuestran un compromiso real para atender sus demandas. Por lo que no han anunciado que tengan intenciones de moverse.

La toma más reciente ocurrió el pasado 12 de octubre, en el aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América.

“Es el momento de alzar la voz y de no quedarnos callados. 528 años nos han oprimido, nos han despojado, como para dejarnos otros 528 años más”, dice Maricela Mejía junto a otras cuatro mujeres otomíes que toman el rol de voceras en el primer piso de las instalaciones vacías del INPI.

Son más de 100 personas —incluyendo alrededor de 30 niñas y niños— que se presentan como indígenas originarias de Santiago Mexquititlán, del municipio de Amealco, Querétaro, pero residentes en la Ciudad de México desde hace más de 20 años.

Y durante 20 años su reclamo ha sido tener acceso a una vivienda digna. Han vivido hacinados, sin servicios básicos y entre escombros en cuatro predios abandonados de la Ciudad, ubicados en la calle de Zacatecas 74 y Guanajuato 200, en la Colonia Roma; Avenida Zaragoza 1434, por Pantitlán; y Roma 18, en la Juárez. Este último fue abandonado desde el terremoto de 1985, pero el de 2017 lo volvió inhabitable y los expulsó a montar un campamento en plena calle, que el año pasado fue desalojado sin que se cumpliera la eterna promesa de regularizar su situación.

Por ello, explican ahora entre los pasillos del INPI, después de seis meses de estar más expuestos que el resto de la población a la pandemia de COVID-19, sin agua ni servicios básicos para mantener la higiene, sin poder tampoco vender sus artesanías para mantenerse, mientras los edificios de oficinas siguen semivacíos, decidieron venir a instalarse aquí, en la sede de este organismo que, dicen, no los representa en este gobierno como no los ha representado en los anteriores, pero que ahora sí será de verdad su casa.

No han ocupado los seis pisos ni han querido exhibir lo que han encontrado, pero hablan de quesos, botellas de tequila y muchas artesanías y fotos de indígenas que son solo de adorno. Se están quedando únicamente en el primer piso y la planta baja, que ya lucen tapizados de carteles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con quien dicen que llevan cuatro años “caminando juntos” para ver si organizados logran ser escuchados.

Por eso, la expropiación de los predios en los que han vivido por décadas no es su única demanda. Por eso no se enfocaron ya en acudir a las autoridades de la Ciudad de México, que cada cambio de gobierno les han prometido que sí van a solucionar la situación y los han hecho llevar nuevamente documentos, quejas, pruebas, sin que después pase nada.

Por eso ahora han venido directamente a una institución federal, y suman a sus demandas que por fin se cumplan, a casi un cuarto de siglo de firmados en Chiapas, los Acuerdos de San Andrés, para reconocer la autonomía y derechos de los pueblos originarios. Que se hagan consultas indígenas reales para los megaproyectos del actual gobierno, contra los que se oponen: el Tren Maya, en el sureste; el Proyecto Integral Morelos, que incluye una termoeléctrica; y los proyectos de infraestructura logística en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Cuestionadas sobre si hay mejoría o no con este gobierno, que inició reivindicando los pueblos indígenas en una ceremonia de entrega de bastón de mando, contestan que ahora están peor.

“Peña era un ladrón y hubo la desaparición de estudiantes, de Ayotzinapa, lo sabemos y lo señalamos. Pero realmente cuando entra López Obrador, que se declaró de izquierda, yo digo que no es mi presidente, no voté por él, recibió el bastón de mando no por mi comunidad, no fue por mi pueblo, porque cuando Morena entra, ni al año que entran mandan a reprimir a Roma 18. Entonces ahí vimos la imposición del gobierno. Nosotros ya vimos cómo era eso de la cuarta transformación, eso de que primero los pobres, sí: los primeros golpeados, primeros en los saqueos”, lamenta Mejía.

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FUENTE: ANIMAL POLÍTICO